06 Abr 09:56h

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, iniciará acciones legales contra el periodista Tomás Méndez, la productora Telearte y el Grupo Octubre tras la difusión de acusaciones en el programa “Telenueve Denuncia”. El mandatario provincial envió cartas documento en las que exigió una rectificación pública o la ratificación con pruebas de las afirmaciones vertidas en un plazo de 24 horas.

Orrego calificó las expresiones como manifiestamente inexactas e injuriantes, y señaló que se le atribuyeron hechos ilícitos de extrema gravedad sin ningún sustento fáctico verificable.

AFECTACIÓN AL HONOR Y LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La intimación advierte que la difusión de estas versiones excede los límites del derecho a la información y afecta directamente el honor y el buen nombre del titular del Ejecutivo sanjuanino. Según el texto de la intimación, los agravios fueron presentados como hechos ciertos cuando en realidad carecen de evidencia.

El equipo legal de la gobernación subrayó que, de no mediar una retractación, avanzarán con una demanda civil por daños y perjuicios, además de las correspondientes acciones penales por calumnias e injurias.

OFENSIVA LEGAL CONJUNTA DE MANDATARIOS PROVINCIALES

El caso de Orrego se sumó a una serie de acciones legales similares emprendidas por otros gobernadores contra el mismo periodista y medio de comunicación. Los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) ya iniciaron procesos judiciales, camino que también tomó en las últimas horas Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Asimismo, los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis) analizan avanzar en el mismo sentido ante la reiteración de denuncias públicas sin sustento documental.

POSTURA DEL GOBIERNO DE SAN JUAN

Desde el entorno del gobernador remarcaron que la imputación pública de delitos sin pruebas constituye una conducta ilegítima que busca dañar la institucionalidad de la provincia. Las autoridades locales sostuvieron que este tipo de campañas de agravios no pueden ser toleradas en un marco democrático, ya que distorsionan la realidad y utilizan espacios de comunicación para fines ajenos al interés público.

El Ejecutivo provincial enfatizó que la defensa del honor institucional resulta prioritaria ante lo que consideraron una maniobra de desprestigio sistemático.

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