28 Oct 09:46h
Que la obra pública tiene sus recovecos, está a la vista. Si no fuera así, no hubiera costado tanto terminar el Centro Cívico o los diques Caracoles y Punta Negra e incluso estaría terminado Tambolar. Estaría hace años terminada la autopista San Juan-Mendoza. Ojalá esta vez sea la definitiva.
La historia de la obra pública rara vez se escribió en línea recta. Siempre hubo codos. Ahí está el Acueducto Gran Tulum como recordatorio.
Sin embargo, demonizar la obra pública es la salida fácil. Es un atajo que no considera el enorme impacto multiplicador en el durante y el después. Durante, porque genera una alta demanda de mano de obra e insumos. Dinamiza la economía de la noche a la mañana. Y después, porque las rutas, las represas, los hospitales, las escuelas, las viviendas, son la esencia de un país y una provincia aptos para vivir.
«La obra pública no crea puestos de trabajo, sino que genera impuestos», dijo el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del 2025. Fue una de las tantas veces que justificó su política de cero obra pública, básicamente porque la considera solo un perjuicio.
Ese torniquete a la obra pública fue uno de los grandes recursos para achicar el déficit y equilibrar las cuentas. Claro, en algún momento, algún gobierno tendrá que ponerse al día con todos esos pagos retenidos.
Pero hay que darle la derecha al presidente. Hizo campaña en el 2023 con su idea anarcocapitalista: si una comunidad necesita un puente, debería reunir los fondos para hacerlo con sus propios medios. Así funcionan las cosas en su universo. El topo que vino a destruir el Estado.
El problema es que ese universo no tiene punto de contacto con la Argentina -o cualquier otro país- donde el desarrollo está directamente atado a las obras de infraestructura básica. Sin rutas, sin líneas eléctricas o gasoductos para conducir la energía, no hay chances de atraer inversiones.
En ese punto radica el fundamento del adelanto de 250 millones de dólares de Vicuña al gobierno de San Juan, para aplicar específicamente en obras de infraestructura. Hay que acelerar las obras atrasadas en el mapa de rutas nacionales fundamentalmente.
Pero si la obra pública estuviera diseñada solo para el beneficio de las grandes empresas, ¿qué le queda a la gente de a pie? Por supuesto, la generación de puestos de trabajo. Pero hay más.
Es ahí cuando aparecen las otras dimensiones de la obra pública, con hospitales centrales y periféricos, escuelas y viviendas. El gobernador Marcelo Orrego, que acompañó el grueso de las políticas de Milei en lo macro, tiene una marcada discrepancia en lo micro.
En San Juan el plan de obra pública ha sido política de Estado, con una salvedad: hasta diciembre de 2023 mucho se hizo con recursos nacionales. Así gobernaron José Luis Gioja, con la asistencia permanente de Julio De Vido; y Sergio Uñac, con el acompañamiento de Gabriel Katopodis.
Frente al cierre de esa fuente federal, la administración orreguista diseñó su propio esquema. Ya juntó unos 1.000 millones de dólares y las licitaciones empezaron aceleradamente.
El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, dijo este martes en Pelado Stream que la idea es terminar las 2.240 viviendas de los 30 barrios anunciados el lunes dentro de 12 meses. Es decir, en octubre del año próximo.
Dijo Perea que la Ruta 40 norte ya tiene empresa adjudicataria para el tramo hasta San Roque, que la Ruta 20 a Caucete tendrá varias empresas trabajando en simultáneo, y que habilitaron un turno nocturno en Avenida Circunvalación para acelerar el ritmo. Que la instrucción es contratar a todas las empresas sanjuaninas.
El plan se explica solo: movilizar a unos 4.500 trabajadores de la construcción para los 30 barrios significa volcar salarios registrados y, fundamentalmente, capacidad de consumo. Los laburantes no ponen su ingreso en los mercados financieros ni compran dólares. Las fiestas deberían llegar con otro clima. Un microclima atado a una receta clásica: neokeynesianismo.
O, dicho más fácil: obra pública. Ni héroe ni demonio.
PELADO STREAM
Sin comentarios