19 Nov 07:43h

El Gobierno nacional presentó al Consejo de Mayo el borrador de un ambicioso proyecto de Ley de Libertad Educativa que busca reemplazar y derogar por completo la Ley de Educación Nacional N° 26.206, vigente desde 2006.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, establece la esencialidad de la educación básica (nivel inicial, primario y secundario), lo que implicaría que, ante cualquier medida de fuerza, se deberá garantizar la continuidad mínima del servicio educativo, limitando la afectación de los paros.

Otro punto clave es la autorización a las provincias para ofrecer enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas. Esta deberá ser optativa para los alumnos y dictarse fuera del horario escolar.

El proyecto, que recupera elementos de la primera Ley Bases de fines de 2023, presenta una reformulación más amplia del sistema, poniendo énfasis en la «libertad educativa» y el rol preferente de la familia como agente primario de la educación. El Estado pasaría a tener un rol subsidiario.

Entre las nuevas modalidades de enseñanza que habilita, el borrador incorpora la educación en el hogar (o home schooling) como una «forma alternativa», junto con la educación híbrida y a distancia, sin establecer una edad mínima. Los alumnos en casa podrán acreditar sus conocimientos mediante exámenes periódicos.

En línea con la «libertad de contenidos», se crea la figura de los planes de estudio “propios”, diseñados por cada escuela en función de su ideario, sin desconocer los contenidos mínimos comunes establecidos por el Estado. Esto se enmarca en la autonomía institucional y pedagógica que se busca otorgar a las escuelas, abarcando la definición de su régimen interno, planes de estudio, reglamentos y hasta la selección y propuesta de contratación de personal.

El proyecto también define un piso de horas reloj anuales que son inferiores a las actualmente acordadas en el Consejo Federal de Educación, pero establece que el 25% del tiempo se reservará para un “espacio de autonomía curricular” que podrá ser establecido por cada escuela.

En materia de financiamiento, se elimina la meta de inversión del 6% del PBI y se reafirma el rol subsidiario del Estado, si bien mantiene la gratuidad de la educación obligatoria. Se plantea la posibilidad de asignaciones para las familias o alumnos, como “becas, vales educativos, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes”, además de las asignaciones a escuelas estatales y privadas.

Finalmente, el borrador establece que las evaluaciones nacionales (como el actual Aprender) serán anuales y censales en el último año de primaria y secundaria, y que el Estado podrá publicar información desagregada por escuela (algo que hoy no está permitido), fomentando la transparencia y la evaluación periódica e independiente del gasto educativo.

(Fuentes: La Política Online – Infobae)

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