28 Abr 18:43h

La Justicia de San Juan dictó una medida cautelar que garantiza la continuidad de las operaciones en el proyecto minero Vicuña, brindando protección legal frente a intentos externos de suspensión.

La resolución fue emitida por un juzgado de la Segunda Circunscripción Judicial (con asiento en Jáchal) e impide que cualquier tercero, público o privado —con excepción de las autoridades sanjuaninas—, obstruya o paralice las actividades del yacimiento, el cual cuenta con la habilitación del Ministerio de Minería provincial

Esta decisión surge luego de que la empresa fuera notificada de una resolución judicial de la provincia de La Rioja que pretendía suspender las actividades y restringir el tránsito por rutas provinciales.

Ante este escenario, el equipo legal de Vicuña S.A. recurrió a los tribunales de San Juan para asegurar la operatividad y seguridad del proyecto mientras se analizan los alcances de la medida riojana

El antecedente de la parálisis en La Rioja

El conflicto escaló el pasado 16 de abril, cuando la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, ordenó la paralización de actividades por 30 días. La medida cautelar riojana fue impulsada por la Secretaría de Ambiente de esa provincia, alegando la falta de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que avalara el tránsito de los más de 600 camiones y camionetas que circulan diariamente por territorio riojano hacia el yacimiento.

Para hacer efectiva la suspensión, la Justicia de La Rioja dispuso la instalación de retenes policiales en Guandacol, bloqueando el paso logístico por distritos como Villa Unión y Jagüé.

Según las autoridades riojanas, el proyecto utiliza sus rutas desde hace 15 años sin generar compensaciones socioeconómicas ni cumplir con la normativa ambiental local.

Disputa de soberanía y límites territoriales

El trasfondo de la crisis judicial es una profunda disputa de soberanía entre los gobernadores Marcelo Orrego y Ricardo Quintela.

Quintela cuestionó la validez de la Ley 18.004, que define los límites interprovinciales. El gobernador riojano calificó los acuerdos de 1968 como un «litigio histórico» por haber sido firmados durante una dictadura.

Bajo este argumento, Quintela reclama que el yacimiento Josemaría —parte del distrito Vicuña— se encuentra en tierras riojanas y exige una administración compartida de recursos y regalías.

Desde San Juan, el gobernador Orrego rechazó tajantemente estas pretensiones. Aseguró que defenderá los recursos provinciales «con la ley en la mano».

El gobierno sanjuanino sostiene que los límites fueron ratificados por el Congreso Nacional en 1973 y reafirmados en 2014 bajo la Ley 26.939, lo que otorga seguridad jurídica definitiva a su jurisdicción.

Asimismo, San Juan se ampara en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que los recursos naturales pertenecen exclusivamente a las provincias donde se encuentran, descartando cualquier obligación de compartir regalías con la vecina provincia

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