20 Oct 13:11h
El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez, rechazó de manera categórica que exista un sesgo o una intencionalidad política en la investigación por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum. El funcionario judicial habló en exclusiva este martes en Pelado Stream sobre todos los aspectos controversiales de la causa.
Gómez, quien lleva adelante la causa junto con el fiscal Francisco Pizarro, confirmó que las 11 personas notificadas para la audiencia de formalización resultarán imputadas en la causa. El fiscal explicó que la notificación responde a la existencia de elementos de convicción suficientes sobre la comisión de un delito y sobre la participación de los involucrados.
Sin embargo, aclaró que la imputación en esta etapa posee un carácter provisorio. Tras la audiencia, la fiscalía iniciará la Investigación Penal Preparatoria (IPP) con el fin de recopilar más evidencias y resolver si acusa a uno, a varios o a la totalidad de los sospechosos de cara al juicio oral, o bien si solicita sobreseimientos.
Frente a los cuestionamientos vertidos por abogados defensores y por dirigentes políticos acerca de una supuesta persecución, Gómez sostuvo:
«Entiendo que esto pueden ser estrategias defensivas… Nosotros estamos totalmente apartados de lo que es la intencionalidad política».
El representante del Ministerio Público enfatizó:
«Por parte del Ministerio Público… nosotros actuamos como lo hacemos con cualquier otra causa, sin importar quiénes son las personas intervinientes».
Además, aseveró que el equipo trabaja «con absoluta libertad», sin presiones del gobierno provincial ni de las partes involucradas, y con el respaldo de la Fiscalía General.
El fiscal abordó la solicitud interpuesta por la defensa de Sergio Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), para remitir el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py, bajo el argumento de que la obra contó con financiamiento nacional y avales para un crédito de Kuwait.
Al respecto, Gómez consideró «un poco raro» que este planteo surja tras 10 meses de investigación local. Argumentó que el fuero competente es el provincial, respaldado por la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
«Una vez que los fondos han sido ingresados a la provincia, la competencia es provincial».
En relación con la audiencia fallida del 14 de octubre, el fiscal objetó la inasistencia del senador nacional Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino. Aunque la jueza de garantías Mónica Lucero aceptó la representación mediante abogados defensores por tareas laborales de los legisladores, Gómez dejó sentada su reserva de solicitar el desafuero parlamentario en caso de que persista la ausencia.
«A entender de este ministerio no es justificativo… para no cumplir una carga pública, sea un legislador, sea un miembro del poder judicial, sea lo que sea, la carga pública para todos es igual. Somos todos ciudadanos…», afirmó el funcionario.
La audiencia de formalización quedó reprogramada para el próximo martes 10 de noviembre a las 14:30 en la Sala 14. La fiscalía y las defensas coincidieron en la necesidad de que asistan las 11 personas citadas en forma presencial.
Gómez rechazó que la inclusión de Andino y la ausencia del exgobernador José Luis Gioja configure una discriminación:
«No lo entiendo como una discriminación… No es algo cerrado ni sesgado el hecho de que sean 11 personas citadas. Pueden ser más…». Por ello, no descartó futuras ampliaciones del objeto de la causa contra otros eventuales partícipes.
La causa tuvo su origen en la denuncia presentada en diciembre por el dirigente político y abogado Marcelo Arancibia, tras una serie de investigaciones periodísticas sobre el Acueducto Gran Tulum. La obra, proyectada para abastecer de agua potable a un millón de habitantes y superar la capacidad de la planta de Marquesado, inició durante la gestión de José Luis Gioja y sufrió modificaciones en la gestión de Sergio Uñac.
La investigación judicial abarca presuntos delitos de fraude en la contratación, dudas sobre la calidad de los caños adquiridos a la firma proveedora CRA —los cuales fueron enterrados y desenterrados— y sospechas de tráfico de influencias en favor del fallecido Gustavo Monti, quien poseía un lazo de parentesco con el entonces gobernador Uñac.
El expediente reúne cerca de 100 cajas con documentación, y la fiscalía prevé la realización de peritajes técnicos sobre los materiales en la etapa posterior a la formalización. En este proceso, la Fiscalía de Estado interviene como parte querellante en defensa del patrimonio provincial.
Los 11 notificados y sus roles
- Sergio Uñac: exgobernador de San Juan y actual senador nacional (exfuncionario de máxima autoridad política).
- Julio Ortiz Andino: exministro de Obras y Servicios Públicos.
- Cristian Andino: diputado nacional (y exintendente/exfuncionario).
- Guillermo Sirerol: exdirector o autoridad de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado).
- Juan Carlos Caparros: ex titular de OSSE.
- Sergio Ruiz: exfuncionario vinculado a OSSE / área de infraestructura.
- Gustavo Mastelono: exfuncionario / vinculado al proyecto.
- Humberto Caballero: exfuncionario provincial.
- Juan Sánchez: exfuncionario provincial.
- Francisco Javier Correa: exfuncionario / técnico vinculado a la obra.
- Rolando Vicente Caruso: representante / presidente de Krah América Latina S.A. (empresa adjudicataria / proveedor de caños de la obra).
PELADO STREAM
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