20 Oct 07:00h
El abogado Gregorio Dalbón presentó la ampliación de una denuncia penal ante la Justicia federal con el objeto de investigar de manera directa la vinculación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, con el Deutsche Bank a raíz de las operaciones financieras ejecutadas con las reservas de oro de la autoridad monetaria.
La presentación judicial apunta a verificar si la entidad financiera alemana obtuvo beneficios indebidos mediante el cobro de comisiones millonarias en transacciones que ocasionaron un perjuicio económico comprobado de 1.023 millones de dólares al Estado argentino.
La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del juez Ariel Lijo, bajo el expediente 4971/2026. En el escrito presentado, la querella solicitó de forma urgente el allanamiento de la sede central del BCRA con el fin de secuestrar o copiar los registros de los servidores informáticos y las casillas de correo electrónico institucionales utilizadas entre los años 2024 y 2025 por la Presidencia, el Directorio y las gerencias de Mercados, Reservas, Riesgos y Asuntos Jurídicos.
El pedido de inspección busca resguardar documentación crítica frente al riesgo cierto de que los propios funcionarios investigados modifiquen o eliminen los archivos digitales que identifican quiénes autorizaron la selección de las entidades financieras intermediarias y en qué condiciones contractuales se pactó la operatoria.
En caso de que el magistrado rechace la orden de allanamiento, la representación legal requirió dictar una orden de presentación obligatoria e intimar a la autoridad monetaria a conservar la totalidad de los datos informáticos.
Además de acentuar las acusaciones sobre Caputo y Bausili, la ampliación de la denuncia incorporó como imputados al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, y al subsuperintendente de la misma área e integrante del directorio del BCRA, Nicolás Marcelo Ferro. El escrito reclamó la citación a declaración indagatoria de los cuatro funcionarios.
Los delitos tipificados en la presentación comprenden la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública —que prevé penas de dos a seis años de prisión— junto al abuso de autoridad y la violación de los deberes de funcionario público. La querella advirtió que, en caso de acreditarse un esquema coordinado entre las autoridades estatales y la entidad privada, la figura penal se ampliará a la de asociación ilícita, cuyo plexo punitivo alcanza los diez años de reclusión.
Auditoría al Deutsche Bank
El planteo judicial exigió que el Deutsche Bank presente un informe formal donde precise si celebró contratos con el Banco Central argentino durante los ejercicios 2024 y 2025. La solicitud obliga a la firma germana a detallar la copia de los contratos firmados, el monto total cobrado por comisiones, márgenes u honorarios, así como la identificación de eventuales retrocesiones o pagos girados a terceros o intermediarios.
A su vez, el escrito instó al juzgado a requerir la intervención de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. El objetivo de este oficio internacional consiste en determinar si los mecanismos de cumplimiento normativo del mercado estadounidense detectaron alertas, investigaciones o reportes de transacciones vinculados a gratificaciones indebidas dirigidas a funcionarios públicos del Gobierno argentino.
De forma paralela, la querella demandó información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Unidad de Información Financiera (UIF), además de solicitar la designación de peritos contadores y especialistas en derivados financieros.
Las cifras del quebranto
El detonante de la acción judicial surgió tras la aprobación del balance 2025 del Banco Central por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN). El dictamen oficial de la entidad auditora ratificó una pérdida total neta de 1.023 millones de dólares derivada de las operaciones con instrumentos derivados sobre el metal.
El desglose del quebranto evidenció que 960,2 millones de dólares respondieron al resultado negativo en la liquidación de opciones, mientras que 62,8 millones de dólares correspondieron al pago directo de primas mediante el egreso efectivo de divisas de las reservas.
Distintas informaciones periodísticas de investigación —firmadas por Raúl Kollmann en Página/12, Luciana Glezer en La Política Online y el periodista Marcelo Bonelli— confirmaron la intervención del Deutsche Bank como una de las contrapartes centrales del negocio. Dichas investigaciones consignaron estimaciones de mercado que ubican el cobro de comisiones e intermediaciones por encima de los 60 millones de dólares para las entidades bancarias privadas involucradas.
La estrategia financiera dispuesta por la conducción económica consistió en contratar un seguro frente a una eventual baja en la cotización del oro. Para financiar dicha cobertura, el Central vendió a los bancos opciones de compra con un precio de ejercicio fijado en un rango superior a los 3.000 dólares por onza. Cuando el valor internacional del metal atravesó la barrera de los 4.000 dólares por onza, las contrapartes privadas ejercieron su derecho de compra y el BCRA se vio obligado a desembolsar las diferencias en moneda extranjera.
Aunque la autoridad monetaria alegó que la valorización teórica de las reservas en oro registró un alza de 2.505 millones de dólares por la dinámica del mercado global, la estrategia con derivados redujo el beneficio neto que el Estado hubiese obtenido con la sola custodia del activo, sin incurrir en costos de traslado a plazas internacionales como Londres ni en la firma de contratos de cobertura.
Esta controversia se agravó ante la postura del Banco Central, cuya conducción rechazó remitir copia de los contratos a la AGN. Tal negativa motivó el pedido de allanamiento formulado ante la Justicia para acceder a los antecedentes archivados en los sistemas informáticos oficiales.
Conflicto de intereses
El foco de la presentación judicial reside en el severo conflicto de intereses que salpica a la cúpula económica, dado que tanto Luis Caputo como Santiago Bausili se desempeñaron anteriormente como altos directivos del Deutsche Bank.
En el caso particular de Bausili, el actual titular del BCRA mantuvo tenencia accionaria del banco alemán y enfrentó un procesamiento dictado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Aquella investigación se centró en las contrataciones de deuda pública celebradas durante la gestión del presidente Mauricio Macri, en las cuales el Deutsche Bank actuó como colocador y percibió comisiones mientras Bausili ejercía como secretario de Finanzas.
Si bien la Cámara Federal dictó la falta de mérito antes de su nombramiento en el BCRA, la Cámara de Casación aceptó posteriormente un recurso planteado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para revisar el cierre del expediente y evaluar las presuntas irregularidades cometidas en favor de su antiguo empleador.
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