15 Oct 09:44h
En un peronismo todavía confundido, pero alentado por las dificultades políticas y económicas de Javier Milei, todo pude pasar. El senador Sergio Uñac le dio una vuelta de tuerca esta semana a su precandidatura presidencial con el lanzamiento de un spot en redes, más una seguidilla de entrevistas en medios porteños. Con Clarín, quedó atado al derrotero judicial de Cristina.
Nada es casual. Política y Comodoro Py parecen ir de la mano en este país. A Uñac podría tocarle resolver allá la megacausa del Acueducto Gran Tulum que este miércoles lo tuvo como protagonista ausente junto al diputado nacional Cristian Andino.
Todo indica que Uñac prefiere que la cuestión de los caños comprados a la compañía Krah, enterrados y desenterrados, termine en manos del juez federal Daniel Rafecas antes que cualquier otro magistrado sanjuanino.
Fue lo que planteó su actual asesor en el Senado y ex presidente de OSSE, Sergio Ruiz: que como la obra tuvo financiamiento nacional, pase al fuero federal. De paso, se despega de la influencia del poder local.
Desde que fue citado para que designe abogado defensor, Uñac no se refirió al particular. Ruiz funcionó como operador o vocero. Las razones son obvias. Es natural que el senador prefiera que la causa salte a manos de Rafecas.
La primera audiencia bajo la conducción de la jueza de garantías Mónica Lucero terminó suspendida tras la protesta de los fiscales por la ausencia del senador y el diputado nacional. El Ministerio Público Fiscal, comandado por el Fiscal General Guillermo Baigorri, anunció que pedirá el desafuero de ambos.
Nuevamente lo judicial y lo político se cruzarán, inevitablemente. Si el planteo de desafuero llega a ambas cámaras del Congreso, la cuestión de los caños tendrá escala nacional.
Es algo que todavía no sucedió, pero hay suelo fértil para que prenda rápido en la agenda por la instalación que Uñac está buscando para su campaña en Buenos Aires. Andino irá por añadidura, aunque su foco esté puesto solo en San Juan.
En la entrevista con el streaming de Clarín, Uñac dijo muchas cosas, pero una sola se convirtió en título: «Si la Justicia actuara como con Cristina, Milei debería estar preso».
Con una sola declaración, Uñac alineó varios elementos. Primero, dijo lo que muchos militantes kirchneristas quieren escuchar: «Cristina libre». Esa consigna incluye la definición de lawfare. Es decir, que el aparato judicial está amañado y que el trato no es igual para todos.
Segundo, Uñac también habló de su propia situación aunque Clarín no se haya percatado de eso. El senador que pretende instalarse como candidato presidencial tendrá que atender la megacausa del acueducto, no solo desde lo judicial sino también desde lo político.
Por el momento, solo su asesor Ruiz, como ex presidente de OSSE, hizo el descargo orientado a la intencionalidad política de la investigación. Efectivamente el promotor de la causa fue el dirigente Marcelo Arancibia, tras una serie de publicaciones periodísticas y, en particular, la torpe demanda del primo de Uñac, Gustavo Monti, contra Osvaldo Benmuyal.
Solo la iniciativa de Arancibia desencadenó el capítulo judicial relativo a los caños del acueducto. Solo después de Arancibia se constituyó como parte querellante el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila. El final está abierto y el juicio y la eventual sentencia ocurrirán mucho después del 2027 electoral. No importa.
Los tiempos de la política y de la opinión pública corren a mayor velocidad que los tiempos en tribunales. Y quien hace política, como Uñac, entiende que hay un GPS para cada cosa. O uno solo, pero finamente sincronizado.
La prueba cabal de este procedimiento está en San José 1111, donde Cristina cumple condena de prisión domiciliaria por la causa Vialidad, pero sigue instalada con alta gravitación política. El recurso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU no es vinculante para la justicia argentina. Sin embargo, en este país, es tan difícil separar justicia de la política.
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