12 May 08:09h
Este martes 12 de mayo, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) protagonizará la cuarta Marcha Federal Universitaria en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario,. En una conferencia de prensa previa, las autoridades de la institución y representantes gremiales denunciaron una situación salarial crítica: actualmente, el 70% de los trabajadores nodocentes de la UNSJ percibe haberes básicos por debajo de la línea de pobreza, una realidad que no se registraba hace dos años.
El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, enfatizó que el objetivo de la movilización nacional es «hacerle entender al Gobierno nacional que las leyes deben cumplirse»,. La normativa, sancionada hace siete meses, ha sido objeto de una disputa judicial donde la Cámara Federal falló en dos instancias a favor de la actualización salarial (artículos 5 y 6),. Sin embargo, el Poder Ejecutivo elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, lo que generó un efecto suspensivo sobre la obligatoriedad de transferir los fondos de forma inmediata.
La crisis económica en el sector se refleja en cifras alarmantes: a nivel nacional, se estima que el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de pobreza y las transferencias a las universidades han caído un 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026.
La movilización en la provincia iniciará a las 16:00 horas con una concentración en las puertas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes,. La columna recorrerá el centro sanjuanino para finalizar en el Edificio Central de la UNSJ, donde se realizará la lectura de un documento conjunto en defensa de la educación pública y la ciencia nacional.
La postura del Gobierno nacional
En la víspera de la movilización, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó la eficiencia del sistema. El funcionario señaló que un graduado de la Universidad Nacional de las Artes cuesta al Estado 400 millones de pesos, frente a los 57 millones del promedio nacional, y criticó que las universidades no cobren cuotas a extranjeros por «cuestiones ideológicas». Asimismo, el Gobierno insiste en que las universidades se resisten a ser auditadas por la SIGEN.
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