12 May 08:04h
En la víspera de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, lanzó un duro mensaje que profundiza la brecha con los rectores y gremios al cuestionar la eficiencia del gasto público y la transparencia institucional. Mientras la comunidad educativa se prepara para movilizarse este martes 12 de mayo en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario, el funcionario calificó de «falsas» las advertencias sobre el cierre de instituciones y denunció que el costo por egresado en algunas universidades alcanza cifras «exorbitantes» comparadas con el promedio nacional.
El mensaje oficial puso el foco en las asimetrías del sistema, señalando que cada graduado de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) representa una erogación de 400 millones de pesos, frente a un promedio nacional de 57 millones. Álvarez advirtió sobre la baja tasa de egreso, afirmando que casi el 40% de los alumnos no rinde ninguna materia, y criticó que las autoridades universitarias decidan no cobrar cuotas a estudiantes extranjeros por «cuestiones ideológicas», pese a estar habilitadas para hacerlo. Según datos oficiales, los extranjeros representan el 40% de la matrícula de Medicina en la UBA y el 51% en la UNLP.
La tensión administrativa también escaló debido a la negativa de las universidades a ser auditadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El Gobierno denunció que la UBA interpuso medidas judiciales para evitar estos controles y que adeuda el 50% de las rendiciones de gastos de salud correspondientes a 2024 y 2025. Respecto a los hospitales universitarios, el funcionario desmintió la falta de giros y cuestionó que la UBA pretenda concentrar el 95% del refuerzo presupuestario, dejando solo el 5% para el resto del país.
En contraste, los organizadores de la marcha —el CIN, la FUA y los frentes sindicales— sostienen que el sistema se encuentra en su punto histórico más bajo de financiamiento, equivalente al 0,4% del PBI. Denuncian que los salarios han perdido un 50% de su poder adquisitivo y que el 80% de los docentes percibe haberes por debajo de la línea de pobreza. La movilización exige la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento, referidos a la recomposición salarial, cuya ejecución se encuentra actualmente suspendida por una apelación del Estado ante la Corte Suprema de Justicia.
Para dar respuesta a los cuestionamientos de transparencia, el Ministerio de Capital Humano anunció el lanzamiento de un micrositio con estadísticas reales y datos del sistema universitario. No obstante, se espera una movilización multitudinaria que tendrá su acto central en Plaza de Mayo a las 18:00 horas, tras la convergencia de columnas de estudiantes, gremios de la CGT y las CTA, y diversos sectores sociales en defensa de la educación pública.
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