11 Nov 18:18h

El Ministerio Público Fiscal de San Juan formalizó la acusación penal contra 11 personas por presuntas irregularidades en la licitación, contratación y ejecución de la megaobra del Acueducto Gran Tulum. La atribución de cargos recae también sobre el actual senador nacional y exgobernador Sergio Uñac, así como sobre el diputado nacional y expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Cristian Andino.

A ambos dirigentes la Fiscalía los señala como autores de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Dentro de la estructura de cargos expuesta por la UFI Delitos Especiales, Uñac, Andino y el expresidente de OSSE Sergio Fabián Ruiz enfrentan el cuadro probatorio más severo al sumar la figura de negociaciones incompatibles. Para Sergio Uñac y Sergio Ruiz, los fiscales sostienen que los tres delitos concurren en forma real. En el caso de Cristian Andino, la atribución técnica se encuadró bajo la modalidad de concurso ideal.

La nómina de las 11 personas investigadas y sus respectivas imputaciones se compone de la siguiente manera:

1. Sergio Uñac (senador nacional y exgobernador de San Juan): Imputado en carácter de autor por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso real.
2. Cristian Andino (diputado nacional y expresidente de OSSE): Imputado en carácter de autor por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, en concurso ideal.
3. Sergio Fabián Ruiz (expresidente de OSSE entre 2015 y 2019, actual asesor parlamentario): Imputado en carácter de autor por defraudación por administración fraudulenta, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso real.
4. Guillermo Nicolás Sirerol (expresidente de OSSE entre 2019 y 2023): Imputado como autor de los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
5. Juan Carlos Caparrós (expresidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019): Imputado como autor de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal.
6. Gustavo Fabián Mastelone (presidente y representante legal de la firma Krah América Latina S.A.): Imputado como partícipe necesario en el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y autor de violación de los deberes de funcionario público.
7. Humberto Gonzalo Caballero (exjefe del Departamento Jurídico de OSSE y actual juez laboral): Imputado como partícipe necesario en defraudación por administración fraudulenta y autor de incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal.
8. Juan Antonio Sánchez (funcionario de OSSE vinculado al proyecto técnico del acueducto): Imputado como partícipe necesario en defraudación por administración fraudulenta y autor de incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal.
9. Francisco Javier Correa (exgerente de Obras y auditor técnico de OSSE): Imputado como partícipe necesario en defraudación por administración fraudulenta y autor de violación de los deberes de funcionario público.
10. Rolando Vicente Caruso (jefe del Departamento Proyectos de OSSE): Imputado como partícipe necesario en defraudación por administración fraudulenta y autor de violación de los deberes de funcionario público.
11. Julio Ortiz Andino (exministro de Infraestructura entre 2015 y 2023): Citado en el expediente judicial; afrontará su audiencia de formalización en una fecha posterior de manera separada tras acreditar un viaje autorizado al exterior.

La causa judicial tuvo su origen a partir de una serie de investigaciones periodísticas que derivaron en la denuncia formal realizada por el abogado Marcelo Arancibia. Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, bajo la supervisión de la jueza de Garantías Mónica Lucero, trabajan sobre la hipótesis de un plan de administración fraudulenta ejecutado entre los años 2013 y 2023.

Entre las medidas operativas aplicadas por la Fiscalía figuran diversos allanamientos a las oficinas de la empresa Krah, proveedora de cañerías para el acueducto, donde la Justicia secuestró computadoras y documentación contable. El objetivo central de las pericias apunta a determinar la existencia de sobreprecios en las contrataciones y a comprobar si la calidad de los materiales implantados se ajustó a los pliegos de la obra pública.

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Acueducto Gran Tulum: Con Uñac y Andino presentes, comenzó la audiencia judicial postergada