10 Jun 07:53h
Bettina Julieta Angeletti, esposa del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, solicitó su adhesión al régimen de «Inocencia Fiscal» (Ley 27.799) con el objetivo de regularizar activos e ingresos que no habían sido exteriorizados previamente. La noticia fue difundida por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación y fue replicada por la mayoría de los medios de comunicación de alcance nacional.
El trámite, que también alcanzó al propio Adorni, se realizó apenas unos días antes de que el funcionario debiera presentar su declaración jurada patrimonial anual, permitiéndoles blindar su patrimonio sin necesidad de explicar el origen de los fondos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).
La solicitud de Angeletti (CUIT 27-29865407-0) quedó registrada oficialmente el 31 de mayo de 2026. Posteriormente, el 9 de junio, se confirmó que ambos integrantes del matrimonio solicitaron el amparo de esta ley para el período fiscal 2025.
Este régimen otorga un «tapón fiscal», un blindaje jurídico por el cual el organismo recaudador presume la exactitud de lo declarado y pierde la facultad de reabrir o ajustar los períodos impositivos una vez aceptado el pago, salvo que se detecten «discrepancias significativas» superiores al 15%.
El acogimiento al beneficio ocurre en un contexto de fuerte escrutinio judicial sobre los bienes de la familia. La justicia federal investiga un presunto enriquecimiento ilícito vinculado a diversas operaciones, tales como:
- La compra de un departamento en Caballito por US30.000 en efectivo y una hipoteca de US200.000 otorgada por dos jubiladas.
- La reforma de una propiedad en el country Indio Cuá valuada en US$245.000.
- Viajes de lujo a Aruba, Punta del Este y el hotel Llao Llao por montos superiores a los US$30.000.
- Gastos en tarjetas de crédito por más de 80 millones de pesos durante 2025, cifras que superarían los ingresos formales de Adorni.
Además, la consultora de Angeletti, denominada +BE, se encuentra bajo la lupa del juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano.
Se investiga un posible «circuito triangular de flujos económicos» que involucraría contratos con empresas proveedoras del Estado o con vínculos directos con el sector público, como la naviera National Shipping SA, que habría pagado $6.370.000 a la consultora por capacitaciones entre 2024 y 2025.
La Ley de Inocencia Fiscal, promovida por la gestión de Javier Milei, establece que los ciudadanos pueden normalizar su situación patrimonial pagando impuestos solo sobre su facturación, independientemente de las variaciones en su patrimonio o consumo personal.
Si bien el Gobierno defiende la medida como una «reparación histórica» para proteger el ahorro de los ciudadanos, sectores de la oposición critican que la ley se haya convertido en un «traje a medida» para que funcionarios eviten dar cuenta de sus incrementos patrimoniales bizarros.
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