08 Sep 07:46h
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional ha generado respuestas contrapuestas en el país: mientras la provincia de San Juan avanza velozmente en la adecuación legislativa e institucional para aplicar la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, la Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó suspender preventivamente su aplicación por 60 días ante la falta de recursos y de infraestructura edilicia adecuada.
En San Juan, la implementación del régimen nacional que comenzó a regir el pasado sábado 5 de septiembre se topó con la falta de un Código Procesal Penal Juvenil definitivo en el plano local. Para subsanar esta carencia de forma transitoria, la Corte de Justicia provincial remitirá a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar los artículos del actual Código Procesal Penal vinculados con los delitos cometidos por jóvenes.
Esta reforma transitoria permitirá aplicar el régimen nacional de imputabilidad a los 14 años mientras la provincia redacta y sanciona una normativa procesal específica para adolescentes.
La vía legislativa fue elegida tras descartarse la emisión de una acordada judicial, dado que el Poder Judicial no puede modificar por esa vía cuestiones de exclusiva competencia parlamentaria. El tratamiento del proyecto se encamina para debatirse en una sesión especial de la Cámara de Diputados programada para el próximo lunes, según publicó Tiempo de San Juan.
El asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, detalló las reformas estructurales e institucionales que se están ejecutando en San Juan para dar respuesta a la normativa. En declaraciones a Huarpe TV, Ferrari remarcó que será necesaria una inversión estatal para adecuar las instalaciones de contención y preparar la estructura de los programas públicos para la readaptación del menor.
«Acá lo importante no es la punición, sino todo lo contrario: tratar de que ese menor pueda ser reinsertado en la comunidad», afirmó Ferrari Entre los avances concretos, destacó la creación del área penal juvenil dentro de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano), donde fueron designadas dos psicólogas como supervisoras que tendrán a cargo el seguimiento semanal de cada menor e informarán directamente al juez de la causa.
Asimismo, el Instituto Nazario Benavides está siendo acondicionado para alojar a los menores privados de libertad y sus obras se encuentran prácticamente concluidas.
De forma paralela, el Ejecutivo, el Poder Judicial y la Legislatura ya elaboraron un nuevo Código de Procedimiento Penal Juvenil definitivo que prevé pasar de un sistema inquisitivo mixto a uno acusatorio adversarial. Dicho proyecto será enviado formalmente a la Cámara de Diputados a principios de la próxima semana.
Por el contrario, en la provincia de Buenos Aires, la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación de la ley nacional 27.801 en el territorio provincial.
La resolución judicial fue adoptada a solo 48 horas de que la norma entrara en vigencia efectiva, al hacer lugar a un recurso de habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, encabezada por el sacerdote José María «Pepe» Di Paola, en representación de adolescentes privados de la libertad.
La fundamentación del fallo de la jueza Pascual radica en la grave falta de infraestructura y recursos materiales del Estado bonaerense para absorber el incremento de jóvenes que ingresarán al sistema penal. Tomando como referencia inspecciones en el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora (cuyo tope máximo de alojamiento debió limitarse previamente a 60 adolescentes por no cumplir estándares mínimos), la magistrada constató que persisten graves faltas en el acceso a la educación, la formación profesional y limitaciones en los tiempos de aislamiento en diversos dispositivos provinciales.
Pascual aclaró que no rechaza la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, pero advirtió que el encierro sin herramientas de reinserción potencia la agresividad: «Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito».
En su fallo, resolvió fijar una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre, en la cual los responsables del Ejecutivo provincial con competencia en el área deberán informar qué medidas concretas se adoptaron para implementar la ley.
La decisión judicial desató fuertes repercusiones políticas a nivel nacional. La senadora Patricia Bullrich criticó con dureza el fallo judicial, catalogando a la justicia provincial como «garantista» y acusando al gobernador Axel Kicillof de ponerse «del lado de los delincuentes».
Kicillof, por su parte, sostuvo que se debe priorizar un enfoque punitivo de inclusión y de seguimiento para evitar la reincidencia antes de centrar la solución únicamente en el castigo, en sintonía con las declaraciones de Andrés «Cuervo» Larroque, titular del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), quien manifestó su rechazo a la baja de imputabilidad y denunció los recortes de Nación a los programas de niñez.
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