18 Sep 08:28h
La inclusión de modificaciones al régimen de discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027 desató una severa crisis interna en el Gobierno nacional. La titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuestionó de forma pública la falta de consulta previa por parte del Ministerio de Economía sobre estos recortes.
Ante el malestar generado en el Congreso, los negociadores oficiales buscan dar marcha atrás con los artículos más controversiales de la iniciativa para preservar las alianzas legislativas.
Las declaraciones de la senadora provocaron un impacto equivalente a una «bomba nuclear» dentro del gabinete libertario. Bullrich aseguró de manera categórica que los ajustes en las partidas «no se hablaron en la mesa política». Asimismo, la legisladora confirmó la existencia de cortocircuitos en el oficialismo al señalar que «no sabía nada, eso resiente las relaciones».
Al criticar el modo de maniobrar del Ejecutivo durante la búsqueda de acuerdos en la Cámara de Diputados, enfatizó que las decisiones llegaron «de sopetón». Por último, reprochó la falta de participación legislativa con una frase contundente: «Quedás como tonto».
Frente a esta grieta, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, entablaron contactos con jefes de bloque para intentar retirar las modificaciones y evitar un efecto dominó que ponga en riesgo otros proyectos clave.
El recorte en Discapacidad
Los cambios articulados por el Poder Ejecutivo figuran entre los artículos 36 y 41 del proyecto de ley e impactan de manera directa sobre las leyes 24.901 y 27.793. La reforma altera el esquema de pensiones, el sistema de prestaciones y la metodología de fijación de aranceles.
A través de la modificación del artículo 39 de la Ley 24.901, el Nomenclador de Prestaciones Básicas perderá sus «valores universales». En consecuencia, cada obra social, prepaga u organismo público acordará sus propios aranceles con los prestadores.
En el caso estatal, la Secretaría Nacional de Discapacidad actualizará las cifras cada tres meses; de existir retrasos, se aplicará el índice IPC del INDEC. La propuesta elimina el principio de igualdad de aranceles y el mecanismo de ajuste automático por movilidad jubilatoria.
Asimismo, la iniciativa deroga los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia 27.793, lo que suprime la cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones no contributivas y cancela el traspaso automático hacia el nuevo esquema de protección social.
Para el ejercicio fiscal 2027, el Presupuesto fija $6,094 billones para las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y $1,165 billones para la atención médica de sus beneficiarios, con un financiamiento sujeto a partidas de Salud e intercambios de crédito con el Tesoro.
Fuerte alza para Inteligencia
El ajuste aplicado sobre el sector de la discapacidad contrasta de forma drástica con el fuerte incremento de recursos asignados a las áreas de seguridad e inteligencia. Para el ejercicio fiscal 2027, el Gobierno proyectó una partida de $181.472 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esta cifra representa una consolidación del gasto con un presupuesto 87% superior al crédito original otorgado en 2026 y casi un 90% por encima de la base con la que el organismo arrancó ese año.
La masa de recursos creció durante 2026 a través del DNU 594/2026 —que incorporó $49.261 millones, con $7.466 millones para gastos reservados— y del DNU 867/2026, el cual agregó otros $30.519 millones. En la Comisión Bicameral de Fiscalización, el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, justificó la expansión de los fondos secretos —que pasaron de $19.000 millones a $27.000 millones— por la seguridad ante una eventual visita del papa León XIV y por labores operativas vinculadas con la protección de yacimientos de petróleo, gas, litio, cobre y la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Caída real en educación, ciencia y obra pública
El comportamiento de la caja de inteligencia dista del resto de la Administración Pública Nacional, cuya ejecución presupuestaria general acumuló hasta agosto de 2026 una caída del 32% en términos reales en comparación con 2023.
De acuerdo con el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el Presupuesto 2027 ratifica recortes severos frente a los niveles previos a la gestión actual:
- La partida para educación y cultura permanece un 40% por debajo de 2023 en términos reales.
- La asignación para ciencia y tecnología refleja una pérdida del 30%.
- Los fondos para obra pública se ubican un 60% por debajo de aquel período.
En contraposición, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la SIDE registró una suba real del 42% en el mismo lapso, impulsada por la reestructuración bajo el diseño político de Santiago Caputo y la creación del nuevo Cuerpo de Inteligencia de la Nación.
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