08 Ene 08:28h

El juez federal Julián Ercolini, a cargo del juzgado 10, ordenó el embargo e inhibición de bienes de ex directivos del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri y de empresarios del Grupo Vicentin.

La medida judicial se dictó en el marco de la causa que investiga un presunto fraude millonario contra el Estado argentino por una suma que ascendió a los 304.328.665,75 dólares.

Según la sentencia, el objetivo de esta resolución es asegurar el cumplimiento de un eventual decomiso, garantizar el pago de posibles multas y reparar el daño patrimonial causado a la entidad pública.

La imputación alcanzó a 18 ex funcionarios del banco, entre los que destacan el ex presidente de la entidad, Javier González Fraga, y el ex vicepresidente, Lucas Llach.

González Fraga ganó notoriedad en 2016 cuando cuestionó las posibilidades de consumo de los trabajadores bajo dependencia al afirmar que se les hizo creer que podían comprar celulares o viajar al exterior.

Junto a ellos, la Justicia señaló a directores como Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal y otros cuadros técnicos y gerenciales, incluyendo a Juan José Fragati y Martín Enrique González, por su presunta responsabilidad en las maniobras delictivas.

La investigación determinó que, entre agosto y diciembre de 2019, existió una actuación coordinada entre los funcionarios del Banco Nación y los directivos de Vicentin, como Néstor Buyatti y Alberto Julián Macua.

Durante este periodo, que coincidió con el cierre del mandato de Macri, los responsables del banco omitieron intimar a las empresas por deudas vencidas y autorizaron la liberación de más de 43.400 millones de pesos a través de 125 operaciones hacia cuentas corrientes de la firma.

La Justicia remarcó que el banco careció de facultades para cobrarse de esos fondos, los cuales resultaron de cobro incierto hasta la actualidad.

Además, el fallo advirtió sobre la concesión irregular de 28 préstamos por un total de 105,5 millones de dólares otorgados en noviembre de 2019, destinados a la prefinanciación de exportaciones.

En este contexto, el economista y ex funcionario Claudio Lozano se presentó a declarar y recordó el estrecho vínculo entre el Grupo Vicentin y el gobierno de Mauricio Macri, mencionando que el conglomerado de Santa Fe fue aportante de campaña del Pro.

Lozano denunció que la connivencia llegó al extremo de permitir que el grupo dispusiera de 791 millones de dólares depositados en garantía, lo que habría facilitado la estafa al Estado.

Por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Ercolini citó a indagatoria a 26 personas vinculadas a ambas instituciones. La resolución judicial subrayó que las maniobras permitieron que compañías como Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas públicas en un momento de fragilidad institucional.

Las medidas de embargo e inhibición buscan impedir que se consolide el provecho del delito mientras la causa avanza hacia la determinación de las responsabilidades penales definitivas.

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