21 Abr 07:29h
El gobierno nacional envió al Senado de la Nación un proyecto de ley titulado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, el cual busca modificar sustancialmente la actual Ley de Emergencia en Discapacidad e imponer nuevas restricciones para acceder a la ayuda estatal. La iniciativa propone un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares, la eliminación de la actualización automática trimestral por IPC y la quita de beneficios por zona geográfica desfavorable.
El eje central de la propuesta es la derogación de artículos clave de la Ley N° 27.793, lo que implica un retroceso hacia un modelo previo que limita la universalidad de la asistencia. De aprobarse, el monto de la pensión no contributiva se fijará en el 70% del haber mínimo jubilatorio, eliminando la facultad del Ejecutivo para otorgar aumentos adicionales por invalidez laboral o ubicación geográfica.
Un cambio crítico introducido es la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal. Esto significa que, si una persona con discapacidad accede a un trabajo registrado, perdería automáticamente el beneficio estatal, endureciendo las condiciones de inclusión laboral vigentes hasta ahora. Además, el proyecto suprime incentivos para empresas que contraten a personas bajo programas de inclusión.
Para mantener el beneficio, los actuales titulares deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. El incumplimiento de este reempadronamiento resultará en la suspensión automática y posterior baja de la pensión. El Estado fiscalizará estos datos mediante cruces de información entre ANSES, ARCA y SINTyS, permitiendo realizar suspensiones «preventivas» ante cualquier inconsistencia detectada.
En cuanto al sistema de salud, la ley propone eliminar virtualmente el nomenclador de aranceles homogéneos, desregulando la negociación con obras sociales y prepagas. El financiamiento y la distribución de fondos pasarían a depender de convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Ejecutivo decidió ingresar el proyecto por el Senado bajo la premisa de que allí le será más sencillo construir una mayoría que en la Cámara de Diputados. Esta maniobra legislativa ocurre en un contexto de crisis política tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en medio de denuncias por el incumplimiento de sentencias judiciales que obligaban al Gobierno a aplicar la Ley de Emergencia que ahora busca derogar.
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