26 Ene 11:29h
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que el proyecto de Ley Penal Juvenil formará parte del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, las cuales iniciarán formalmente la próxima semana.
La decisión se tomó durante una reunión de la mesa política en Casa Rosada, donde los principales referentes del oficialismo terminaron de definir la estrategia legislativa para febrero, con el objetivo de dar respuesta a la demanda social de mayor seguridad y actualización del régimen vigente.
La iniciativa, que ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado, busca reemplazar la normativa de 1980 y establecer un sistema de responsabilidad penal que contemple la realidad delictiva actual.
El Gobierno apuesta a conseguir la sanción definitiva antes de marzo, aprovechando el respaldo de los bloques aliados del PRO y sectores dialoguistas, en un contexto de fuerte presión por parte de la ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich para endurecer las penas en casos de delitos graves cometidos por menores.
A continuación, se detallan los puntos centrales de la reforma impulsada por el Ejecutivo:
- Baja en la edad de imputabilidad: El proyecto establece que los menores podrán ser juzgados y condenados a partir de los 13 años, frente a los 16 del régimen actual.
- Escalas penales: Se fija una pena máxima de 20 años de prisión, prohibiendo la aplicación de la reclusión perpetua para adolescentes.
- Establecimientos especializados: Los menores condenados no serán alojados en cárceles comunes; el texto exige su internación en centros de detención específicos con programas de resocialización y escolaridad obligatoria.
- Separación de población carcelaria: Se prohíbe de manera estricta cualquier contacto entre menores de edad procesados y delincuentes adultos mayores de 18 años.
- Medidas socioeducativas: Para delitos menores, se prevén alternativas como la reparación del daño a la víctima, trabajos comunitarios y tratamientos obligatorios para adicciones.
- Celeridad procesal: La norma busca plazos más cortos para el dictado de sentencias, evitando que los procesos judiciales se extiendan de manera indefinida.
La inclusión de esta ley en el temario de extraordinarias se dio en paralelo a las negociaciones por la reforma laboral y la preocupación de los gobernadores por la caída de la coparticipación.
Mientras el oficialismo busca consolidar este «logro de gestión», diversos organismos de derechos humanos y bloques de la oposición ya adelantaron su rechazo, advirtiendo sobre la posible vulneración de tratados internacionales de protección de la infancia.
PELADO STREAM
Sin comentarios