20 Abr 09:45h
Apenas regresó de Santiago de Chile, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, habló con Marcelo Orrego sobre la situación de Vicuña para ponerlo al tanto del cuadro completo. Hubo mucha reserva. Cualquier declaración desacomodada sería contraproducente. El gobierno provincial siguió de cerca todo el fin de semana la evolución de este imponderable, con una doble sensación: preocupación y fastidio.
Preocupación, por razones lógicas. Se trata del mayor proyecto de cobre de San Juan y de Argentina, con una inversión estimada en 18.000 millones de dólares, hoy amenazado por una maniobra judicial del gobierno de La Rioja que bloqueó el acceso vía Guandacol.
Fastidio, porque era una situación absolutamente evitable si la empresa hubiera acelerado la obra del camino por Iglesia, no teniendo restricciones presupuestarias de ninguna naturaleza. La dependencia de la ruta riojana siempre fue una vulnerabilidad, visto desde el gobierno sanjuanino.
Pero hubo fastidio también porque la actitud del gobernador Ricardo Quintela no parece despojada de motivación política. Sobrevolaba en el gabinete orreguista la sospecha de instigación desde el peronismo sanjuanino. Y cuando se habla de peronismo, el conductor sigue siendo el senador Sergio Uñac.
Todas especulaciones, por supuesto. No hay ni habrá pruebas concretas de una acción semejante. Pero la sospecha estuvo instalada en las conversaciones privadas en las horas posteriores a la cautelar que pretendió detener la operación minera durante 30 días.
Vicuña no se detuvo, pese al bloqueo judicial del camino por Guandacol. Se activó de inmediato otra huella mucho más rústica por San Juan. De otro modo, el personal habría quedado atrapado en la alta montaña. La empresa intentó desdramatizar. Sin notificación oficial -hasta el viernes- los trabajos siguieron como si nada hubiera sucedido.
Pero sí sucedió. El asedio del gobierno riojano naturalmente habrá sido una noticia inquietante para el board de Lundin y BHP, como lo fue para el gobierno de San Juan. Quintela se convirtió en una piedra en el zapato, como suele decirse en la jerga política.
En el gobierno sanjuanino aguardaban que esta semana pudiera encaminarse la salida del problema. En cualquier hipótesis, esa salida siempre será mantener a Vicuña dentro de los límites de San Juan. Aquí no hay ni habrá impedimentos. Más allá, está visto que no habrá garantías.
En voz baja, en el quinto piso del Centro Cívico acusaban a la gobernación riojana de tener un doble estándar para vincularse a la minería. Citaban un antecedente concreto al respecto: Famatina.
Según una fuente que perteneció a Barrick y hoy integra los equipos del ministro Perea, cuando estaban en Famatina no sabían dónde colocar el campamento porque cada vez que perforaban el suelo encontraban más concentración de mineral. Por la protesta social y la decisión política tuvieron que partir dejando todo tal como estaba.
Entonces el gobierno riojano no quiere los pasivos de la minería, pero sí quiere los favores de la minería, como la contratación de mano de obra y hasta regalías. Ese doble discurso resulta inaceptable en la administración orreguista.
La disparidad de criterios en Argentina acerca de la tolerancia hacia la actividad minera no es nueva. Por eso el gobierno sanjuanino responsabilizaba también a Vicuña por haber menospreciado ese frente riojano.
La ruta por Iglesia estaba proyectada hace tiempo y su costo de ‘algunos cientos de millones de dólares’ no representaron nunca una inversión extraordinaria en el contexto del volumen global previsto. Teniendo en cuenta que Vicuña cuenta con recursos propios y nunca dependió de financiamiento externo, haber llegado a esta instancia sin el camino sanjuanino terminado es un error de cálculos.
La licitación para construir el denominado Corredor Norte, para conectar Agualasto con La Majadita, se llamó en enero de este año. La semana pasada la empresa desvinculó a la UTE Semisa-Terusi por incumplimientos en el contrato.
Vicuña aguardaba la notificación oficial de la Justicia de la Rioja para actuar en consecuencia. Mientras tanto, el gobierno de San Juan también consideraba activar a la Fiscalía de Estado. Entre la preocupación y el fastidio, porque persiste la idea de que todo esto era evitable.
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