27 May 08:11h
El Gobierno de Javier Milei envió al Senado un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (27.642), conocida popularmente como la «Ley de Etiquetado Frontal». La iniciativa busca eliminar la obligatoriedad de los octógonos negros que advierten sobre excesos de nutrientes críticos en los envases, argumentando que la normativa vigente presenta «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas» que justifican una revisión integral.
En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que el sistema actual utiliza parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplicados de manera uniforme a alimentos diversos, lo que puede inducir a «interpretaciones simplificadas» sobre la calidad nutricional.
Además, el oficialismo critica la «excesiva rigidez normativa» y advierte que la falta de armonización con los socios del Mercosur —donde Brasil utiliza una lupa y Uruguay otros matices en sus sellos— genera «asimetrías regulatorias» y aumenta los costos de rediseño para las empresas, impactando con mayor fuerza en las pymes.
Por otro lado, el Gobierno cuestiona la estructura binaria del sistema (presencia o ausencia de sello), alegando que esto desincentiva a las empresas a realizar mejoras graduales en sus productos, ya que pequeños avances nutricionales no se ven reflejados en el envase si el producto sigue superando los umbrales establecidos.
El proyecto también apunta contra las restricciones de publicidad y el uso de personajes infantiles en los paquetes, medidas diseñadas originalmente para combatir la obesidad infantil.
Pese a los argumentos económicos y técnicos del Ejecutivo, estudios recientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) destacan la efectividad de la norma: 6 de cada 10 argentinos redujeron o abandonaron el consumo de ciertos productos tras advertir los sellos.
Según este relevamiento, el 97% de los encuestados nota los octógonos y un 94,5% asegura comprender su significado, lo que ha generado un cambio cultural transversal en todas las edades.
Desde la oposición y sectores de la salud, el avance contra la ley es visto como un «retroceso claro en una política de salud». Defensores de la norma recuerdan que Argentina posee una de las cifras de sobrepeso y obesidad más altas de la región, afectando a 4 de cada 10 niños y adolescentes, y a 7 de cada 10 adultos.
La ley original había sido sancionada en 2021 por una amplia mayoría de más de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
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