15 Oct 07:35h
La Justicia federal impuso una multa de 100.000 pesos diarios al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, tras verificar el incumplimiento de la medida cautelar firme que ordena la actualización de los salarios universitarios y los fondos de becas que establece la Ley de Financiamiento Universitario.
El fallo judicial se conoció en la antesala de la quinta marcha federal universitaria convocada para este jueves en todo el país y en medio de un clima de máxima tensión política en el Congreso, donde la oposición citó a una sesión en la Cámara de Diputados con el objetivo de derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
La resolución corrió por cuenta del juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, quien hizo efectivo el apercibimiento fijado el pasado 30 de septiembre ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo.
Las sanciones pecuniarias diarias —conocidas en el ámbito del derecho como astreintes— se fundamentan en el fallo firme de la Corte Suprema de Justicia dictado el 25 de junio de 2026, el cual respaldó la medida cautelar que exige aplicar un incremento del 33,2 por ciento a los sueldos de más de 200.000 docentes y no docentes de las casas de altos estudios.
Asimismo, la semana anterior el magistrado declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei pretendió condicionar la norma.
Desde el ámbito académico celebraron la determinación judicial y subrayaron la importancia de atribuir responsabilidades individuales a los altos funcionarios del Estado. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, manifestó que la decisión representa un antecedente de relevancia dentro del proceso en curso.
“Nosotros habíamos notificado al juez que el plazo estaba vencido sin el cumplimiento de la norma, por lo que solicitamos la aplicación de las sanciones correspondientes”, afirmó el titular del CIN.
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), Emiliano Cagnacci, sostuvo que la medida “es correcta porque marca que el Ejecutivo no cumple la Ley”, aunque consideró modesto el monto fijado. En tanto, la dirigente de CONADU, Clara Chevalier, enfatizó que las multas confirman el incumplimiento oficial y la responsabilidad directa de las autoridades.
En contraposición, fuentes de la Casa Rosada adelantaron que apelarán la sanción económica y cuestionaron la imparcialidad del magistrado Cormick, a quien vincularon con sectores de la oposición kirchnerista.
La estrategia legal de la administración nacional, a cargo del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, apunta a frenar la ejecución de las multas y conseguir el efecto suspensivo de la medida.
Durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, reiteró que la gestión central mantiene un estricto compromiso con el equilibrio fiscal sin emisión monetaria ni toma de deuda. El funcionario defendió los aumentos salariales que otorgó la cartera que encabeza la ministra Sandra Pettovello y apeló a que la movilización de esta jornada se desarrolle sin incidentes violentos.
La confirmación de las sanciones ocurrió a pocas horas del inicio de la marcha universitaria y del debate legislativo promovido por bancadas de la oposición como Unión por la Patria y la Coalición Cívica para dejar sin efecto el DNU 70/2023.
Mientras organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales alistan su concentración frente al Palacio Legislativo, el oficialismo mantiene negociaciones febriles con bloques aliados con la meta de obturar el quórum de la sesión. El escenario político parlamentario permanece bajo severa incertidumbre, con la atención puesta en los votos de los gobernadores provinciales que definirán si el tratamiento de la norma avanza o queda bloqueado en el recinto.
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