15 Oct 12:50h
En una nueva emisión de «Abogacía Transformadora», este miércoles en Pelado Stream, las doctoras Paola Marconi y Sheila Castro contaron con la participación del especialista en derecho del consumidor Juan Ignacio Cruz Matteri como invitado principal. Durante la entrevista, el académico de la UBA analizó la gravedad del sobreendeudamiento financiero en los hogares y el crecimiento vertiginoso de las ciberestafas bancarias, dos de los temas de mayor impacto en el ejercicio profesional de la abogacía en la actualidad.
En relación con la mora en tarjetas de crédito, préstamos personales y planes de autoahorro, Cruz Matteri señaló que la causa raíz del fenómeno reside en la falta de educación financiera en la sociedad. Ante esta realidad, el jurista defendió la incorporación del principio de «préstamo responsable», una obligación que exige a las entidades bancarias aportar información transparente sobre los riesgos de los créditos antes de su concesión, en cumplimiento estricto del deber de información de la normativa de consumo. En el ámbito judicial, recomendó la tramitación de medidas cautelares para frenar descuentos salariales excesivos y solicitar la morigeración de tasas de interés usureras.
Respecto a los delitos informáticos, el docente universitario advirtió sobre la expansión de maniobras como el phishing y el SMS spoofing, métodos mediante los cuales los ciberdelincuentes suplantan identidades oficiales para apoderarse de claves personales, solicitar préstamos no autorizados y vaciar cuentas. Al respecto, sostuvo que las entidades bancarias poseen responsabilidad objetiva debido a la omisión de controles de seguridad sobre movimientos financieros inusuales. Asimismo, explicó que los patrones delictivos atacan a tres perfiles principales: personas de la tercera edad, jóvenes e individuos en situación de vulnerabilidad.
Frente a la consolidación de un fraude virtual, la fuente recomendó una serie de medidas de urgencia: notificar de inmediato a la entidad bancaria para solicitar el reverso de las operaciones, asentar la denuncia policial o fiscal con el debido patrocinio letrado y acudir a las instancias administrativas de consumo. En cuanto a las demandas judiciales, precisó que la cuantificación del daño punitivo se efectúa sobre la base de la canasta básica tipo tres. Para obtener una sanción ejemplificadora, remarcó la importancia de fundamentar con precisión los hechos que demuestren el menosprecio manifiesto del proveedor hacia los derechos del usuario.
En el cierre de la transmisión, las conductoras del ciclo y el entrevistado destacaron la función social de la abogacía y la necesidad de una capacitación constante en la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor para abordar estas problemáticas complejas y proteger la economía de los ciudadanos.
PELADO STREAM
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