14 Oct 20:16h
La Defensora del Pueblo de San Juan, Florencia Peñaloza, intimó formalmente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a fin de que informe, en un plazo perentorio de 48 horas, de qué manera asegurará la atención integral de sus afiliados en la provincia.
La medida de oficio, dispuesta el 13 de octubre, surge como respuesta urgente ante el anuncio de una suspensión de prestaciones por 72 horas por parte de prestadores vinculados a la obra social. La postura institucional fue difundida mediante un comunicado oficial de la Defensoría del Pueblo de San Juan.
Según el pronunciamiento del organismo constitucional, la intervención busca salvaguardar de forma inmediata el derecho a la salud de las personas mayores, especialmente de quienes padecen enfermedades crónicas, discapacidad o requieren asistencia permanente.
Aunque la interrupción de los servicios presenta un carácter temporal, el organismo advirtió que la medida puede generar demoras severas o la paralización de consultas, estudios clínicos, tratamientos específicos, internaciones, atención domiciliaria y suministro de medicamentos e insumos.
En el requerimiento formal, la Defensoría estableció un esquema de puntos críticos sobre los cuales PAMI debe brindar respuestas precisas:
- Alcance y cobertura: La nómina exacta de prestadores, establecimientos y servicios médicos alcanzados en la provincia.
- Emergencias: La implementación de guardias mínimas y la indicación clara de los centros habilitados para urgencias.
- Tratamientos e insumos: La garantía explícita de continuidad para terapias impostergables y la provisión regular de medicamentos e insumos sanitarios.
- Atención y reprogramación: La habilitación de vías de orientación telefónica y presencial para los afiliados —con detalle de números y lugares habilitados—, junto con un plan de reprogramación prioritaria para los turnos y estudios postergados.
- Plan de contingencia: La presentación de un programa integral que señale responsables directos y plazos concretos de ejecución.
La Defensora remarcó que los conflictos económicos o de carácter administrativo entre la obra social y sus prestadores en ningún caso se deben trasladar a los afiliados. En esa línea, enfatizó el derecho de las personas mayores a recibir información transparente, oportuna y fehaciente sobre el funcionamiento real de las prestaciones.
Esta acción institucional no constituye un hecho aislado. La Defensoría del Pueblo de San Juan intervino previamente en junio para resguardar la continuidad prestacional de PAMI y, a comienzos de septiembre, requirió información ante un anuncio similar de suspensión de servicios por 48 horas.
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