06 Jul 08:16h
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (E.P.R.E.) presentó este viernes 3 de julio ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) su postura institucional definitiva respecto a la solicitud de acceso y ampliación de la red de transporte de 500 kV para la primera etapa del proyecto minero Vicuña.
El organismo provincial exige el establecimiento de reglas equitativas que garanticen la igualdad de condiciones para todos los proyectos mineros, rechazando la generación de «privilegios monopólicos» para un emprendimiento en particular.
En su presentación, el E.P.R.E. ratificó que el acceso a la red debe administrarse bajo un modelo multiusuario y transparente. Esta postura busca reconocer el esfuerzo previo de la provincia, ya que la infraestructura actual fue financiada parcialmente por el Fondo PIEDE con aportes de usuarios sanjuaninos. Según el regulador, esta medida no busca obstaculizar las inversiones, sino acelerar un desarrollo minero sólido y sostenible basado en el libre acceso y la competencia en igualdad de condiciones.
Antecedentes de una disputa clave por la energía
Esta definición del E.P.R.E. es el resultado de un proceso que tuvo su punto más tenso el pasado 3 de junio, durante una Audiencia Pública donde se debatió el abastecimiento eléctrico del proyecto Josemaría (parte de Vicuña). En esa instancia, el regulador ya había condicionado su conformidad técnica al cumplimiento del «acceso abierto», exigiendo que cualquier capacidad excedente en la red quede disponible para otros proyectos para evitar el bloqueo de un corredor estratégico.
La disputa no solo involucra al Estado y a la empresa Vicuña S.A., sino que también provocó un enfrentamiento entre gigantes mineros. Durante la misma audiencia, el proyecto Los Azules (Andes Corporación Minera) presentó una oposición fundada contra la exclusividad solicitada por Vicuña por 25 años, calificándola como una «transferencia de un activo público a un privado». Los Azules propuso, en cambio, un esquema técnico proporcional donde la capacidad se asigne por demanda real.
La postura de Vicuña y el marco legal
Por su parte, Vicuña Argentina S.A. ha defendido su pedido argumentando que la expansión de la infraestructura —necesaria para su demanda de entre 260 MW y 700 MW— es financiada íntegramente por capitales privados y no genera costos para los usuarios comunes. La empresa sostiene que su prioridad de acceso recae únicamente sobre la capacidad adicional generada por sus propias inversiones.
El proyecto Vicuña se encuentra en una etapa de aceleración tras su inclusión en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, con una inversión proyectada de 7.900 millones de dólares y el objetivo de producir cobre en 2030.
No obstante, el E.P.R.E. mantiene que la minera debe cumplir con la Ley Provincial N° 1181-A, lo que implica suscribir acuerdos para internalizar los costos de mitigación y desarrollo de obras eléctricas provinciales, asegurando que el impacto de la nueva demanda minera no se traslade a las tarifas de los hogares y comercios de San Juan.
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