06 Jul 08:03h

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Iglesia Católica intensificaron su presión contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno, el cual busca eliminar las restricciones vigentes para que extranjeros compren tierras en Argentina.

Mientras el oficialismo, encabezado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, negocia modificaciones para asegurar su aprobación en la sesión prevista para el 16 de julio, ambos sectores advierten que la iniciativa representa una amenaza directa a la soberanía nacional y al control de los recursos naturales.

El eje del conflicto: soberanía y recursos estratégicos

La principal crítica de la CGT se centra en la derogación del capítulo de la Ley de Tierras que limita al 15% la posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. Según la central obrera, liberar este mercado implica entregar el control sobre el agua, los ríos y minerales estratégicos a «tecnomagnates» con vínculos con el poder económico.

En sus comunicados, la CGT subrayó que «sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica», citando el conflicto de Lago Escondido como un ejemplo de los problemas de acceso que podrían multiplicarse si el proyecto se convierte en ley.

Por su parte, la Iglesia —a través de la Pastoral Social, Cáritas y ENDEPA— emitió un documento en sintonía con los gremios, afirmando que la tierra «no es una mercancía» y que el proyecto debilita la capacidad del Estado para proteger el interés comunitario y a los sectores más vulnerables.

Cambios en el manejo del fuego y protección ambiental

Además de la extranjerización de la tierra, la Iglesia manifestó su alarma por las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto propone eliminar la prohibición de 30 años para realizar emprendimientos inmobiliarios o cambios en el uso del suelo en superficies afectadas por incendios. Para la institución religiosa, habilitar el uso inmediato de estas tierras castigadas por el fuego es un retroceso en la protección de los bienes comunes.

Negociaciones en el Senado y el rol de las provincias

A pesar de que el texto obtuvo dictamen en mayo, el oficialismo ha tenido que suspender su votación en tres ocasiones por falta de garantías en los votos. Para intentar destrabar el tratamiento, se han introducido cambios que otorgan mayor poder a las provincias:

• Autorización provincial: Para que un extranjero adquiera tierras, deberá existir una solicitud expresa de la provincia afectada y la autorización del Ejecutivo Nacional.
• Tierras fronterizas: Se aplicará el mismo procedimiento de control para empresas con capitales estatales y tierras en zonas de frontera.
• Estados extranjeros: Se debate si la compra por parte de otros Estados requerirá aprobación del Congreso o si quedará directamente prohibida.

Situación actual de la extranjerización

De acuerdo con datos del Registro de Tierras Rurales a agosto de 2025, ninguna provincia supera hoy el límite del 15%, siendo Salta (11,3%), Misiones (11,29%) y San Juan (10,36%) las que presentan mayores índices. Sin embargo, existen más de 30 departamentos que ya exceden ese tope, con casos críticos como San Carlos y Molinos en Salta, o Campana en Buenos Aires, donde la propiedad extranjera supera el 50% de la superficie.

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