25 Mar 13:16h
Marcelo Arancibia, dirigente del GEN, denunció este miércoles en el programa Pelado Stream un «abuso de autoridad» por parte de la Subsecretaría de Trabajo de San Juan. El abogado y referente político calificó de inconstitucional la resolución que exige un 75% de presencialidad en las escuelas durante los días de paro.
Arancibia sostuvo que el derecho a la huelga, amparado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pertenece al trabajador individual y no puede ser cercenado por una disposición administrativa. El dirigente patrocinó el reclamo conjunto de los gremios UDAP, UDA y AMET para frenar la aplicación de la nueva normativa laboral en la provincia.
Acusaciones contra la autoridad laboral
El dirigente acusó al subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, de incumplir sus deberes de funcionario público al actuar como parte interesada y no como árbitro. Arancibia explicó que la ley de modernización laboral obliga a convocar a todas las partes para definir los servicios mínimos, algo que no ocurrió en San Juan.
El abogado señaló que el funcionario impuso de forma unilateral la carga de garantizar el servicio únicamente sobre los sindicatos. Según el referente del GEN, las resoluciones administrativas resultaron incompletas y buscaron establecer un piso de asistencia tan elevado que tornó imposible el ejercicio efectivo del derecho a la huelga.
Impacto de la reforma nacional
Arancibia vinculó el conflicto local con una discusión nacional sobre la validez del capítulo séptimo de la Ley de Bases. El dirigente advirtió que la norma nacional otorga una discrecionalidad excesiva para definir qué actividades fueron servicios esenciales o trascendentes. El abogado cuestionó la falta de creación de la comisión técnica que debió reglamentar estos porcentajes antes de su aplicación efectiva. Para el dirigente, el sector oficialista forzó leyes en el Congreso sin un debate profundo con los sectores afectados, lo que restó legitimidad procedimental a las reformas que hoy llegaron a los tribunales.
Antecedentes del conflicto gremial
La disputa administrativa se originó tras el dictado de las resoluciones N° 039, 040 y 041 por parte de la Subsecretaría de Trabajo de San Juan. Estas normas establecieron los «grises» de la nueva ley laboral al fijar guardias mínimas del 75% para la educación, considerada ahora un servicio esencial. Los sindicatos docentes reaccionaron con la presentación de un recurso jerárquico ante el Ministerio de Gobierno para evitar que estas medidas queden como un precedente firme.
La estrategia legal de los gremios apunta a la nulidad de las disposiciones locales mientras se aguardan definiciones de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de la reforma integral.
«El secretario lo que hizo fue un abuso de autoridad y le impuso a los gremios la obligación de definir qué significa ese 75% para garantizar el servicio de educación. Piso tan elevado que terminó violando el artículo 14B», expresó Arancibia.
«Pasamos a un extremo donde se violó la constitución. Este planteo fue hecho a nivel nacional y seguramente pronto mostró novedades», aseguró el dirigente.
«Creo que incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario, porque la ley lo que a él le dijo como autoridad de aplicación es que debió convocar a las partes y entre el Estado y los sindicatos debieron definir qué significó ese 75%», concluyó Arancibia.
PELADO STREAM
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