22 Sep 08:09h
Manuel Adorni, exjefe de Gabinete y exvocero presidencial, presentó un escrito de 78 páginas para responder al requerimiento de la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la estrategia defensiva generó severas miradas críticas debido a las profundas inconsistencias en su argumentación y lo dejó a las puertas de la citación a indagatoria.
En este escenario, el paso judicial clave que sigue queda bajo el análisis del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo: si el fiscal considera insuficiente el descargo, solicitará la citación formal a indagatoria del exfuncionario, instancia previa a un eventual procesamiento por corrupción.
La investigación judicial, que acumuló siete meses de trámite y fijó un plazo específico de 40 días para la justificación patrimonial de 20 puntos sospechosos, recibió la respuesta de Adorni un día antes del vencimiento.
Para intentar respaldar la aparición de más de medio millón de dólares fuera de sus declaraciones originales, el exfuncionario alegó que entre 2014 y 2018 invirtió USD 1.897,20 en Bitcoin con fondos fuera del sistema financiero hasta acumular USD 591.544,61 en ocho direcciones cripto.
Adorni y su abogado defensor, Matías Ledesma, afirmaron que las compras y ventas del criptoactivo se realizaron de forma personal, anónima e informal («en negro») en lugares públicos y sin recibos, documentos ni testigos, con el resguardo de las ganancias en billeteras de autocustodia.
Para demostrar la propiedad de las cuentas, el exvocero acudió a un escribano público con el objetivo de certificar la firma de un mensaje mediante sus claves privadas.
No obstante, especialistas técnicos consultados por el sitio El Destape destruyeron la validez de esa prueba. Julio López, especialista en ciberseguridad, aclaró que la clave privada otorga acceso actual pero no acredita titularidad ni origen histórico de los fondos: «Tener la llave de un auto no significa que el auto esté a nombre tuyo».
Por su parte, Maximiliano Firtman, periodista de tecnología y director de Codemia —quien invertía en Bitcoin en el mismo período—, explicó que firmar un mensaje hoy no prueba la posesión entre 2014 y 2018 ni descarta que las claves fueran compradas para beneficiarlo en la causa. Firtman añadió que en 2015 él realizó transacciones mediante un exchange con CBU y comprobantes, por lo que calificó de inverosímil la versión de encuentros en la vía pública con USD 100.000 en efectivo.
A la falta de sustento técnico se sumó un choque directo de fechas. Martín Romeo, especialista cripto y damnificado de la causa $LIBRA, cruzó la cronología del exfuncionario con la actividad de las billeteras. El 15 de abril de 2017 a las 21:54 hs, Adorni publicó en redes sociales «Estoy por Chile…», pero menos de tres horas después su supuesta billetera 1GegSK... recibió cerca de 1,1 Bitcoin. El hallazgo desarticuló la hipótesis de encuentros personales nocturnos en Buenos Aires para la entrega de dinero en efectivo.
Respecto de la venta de los activos, la defensa sostuvo que el 5 de agosto de 2017 Adorni liquidó cuatro direcciones en mano y en dólares billete: a las 14:49:23 hs percibió USD 296.785,46; a las 15:29:55 hs cobró USD 12.512,77; a esa misma hora recibió USD 3.189,01; y a las 16:23 hs sumó otros USD 3.189,01.
En su presentación, el letrado Matías Ledesma afirmó que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, optaron por «vivir como si no lo tuvieran» durante años con el propósito de destinar los ahorros a la educación de sus hijos y su jubilación. Sin embargo, la premisa de austeridad choca con la eclosión de consumo registrada apenas ingresó a la función pública en la Casa Rosada.
Desde su nombramiento, el exfuncionario adquirió un departamento en Miró 550 (Caballito) y compró una propiedad en el barrio privado Indio Cuá en Exaltación de la Cruz. Justificó el abandono de su residencia anterior en la calle Asamblea por la falta de cochera, agresiones de vecinos que arrojaban objetos a su patio y un altercado en la vía pública.
En cuanto a las refacciones en Indio Cuá, el constructor Matías Tabar declaró bajo juramento que cobró USD 245.000 en efectivo y sin factura. Adorni rebatió esa cifra en su escrito: aseguró que las obras costaron USD 175.000 y atribuyó la diferencia a «inconsistencias matemáticas» en las planillas del contratista. Además, admitió el uso de la tarjeta de crédito de su secretaria de confianza para compras domésticas bajo la justificación de su alta carga horaria, con reintegro posterior en efectivo.
Para intentar encajar sus números, Adorni realizó 22 rectificaciones en sus declaraciones juradas patrimoniales e impositivas de 2023, 2024 y 2025 ante la Oficina Anticorrupción y ARCA (ex-AFIP). Ante cada avance del expediente, acomodó sus registros pasados e indicó que una «brecha residual» de entre 15% y 18% resulta habitual en la economía hogareña argentina. En el mismo texto, defendió el ocultamiento de fondos al fisco al calificar el ahorro en efectivo fuera de la vista oficial como una «conducta extendida para escaparte de la vieja política», argumento discursivo que en la sede judicial carece de validez.
Los fondos no declarados también financiaron viajes al exterior a destinos como Aruba, Brasil y Punta del Este en avión privado, junto a vacaciones en el país con estadía en el Hotel Llao Llao de Bariloche. Frente a este cuadro probatorio, la defensa solicitó el cierre del expediente por atipicidad del artículo 268 (2) del Código Penal o el pase de las actuaciones al fuero Penal Económico por presunta infracción tributaria.
La decisión final sobre la citación a indagatoria o el archivo de la causa queda ahora en manos del fiscal Pollicita y del juez Lijo, quien fue candidato del Poder Ejecutivo para la Corte Suprema de Justicia pero no obtuvo los dos tercios de los votos en el Senado.
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