02 Sep 08:22h
La conmemoración del cuarto aniversario del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner expuso de forma cruda la profunda grieta que fractura al peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Lo que debió ser un acto de unidad y memoria en las inmediaciones de San José 1111 derivó en un duro escenario de pases de factura y alineamientos cruzados.
El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó el encuentro con un discurso fuertemente político enfocado en impulsar una postulación de la exvicepresidenta, al tiempo que lanzó duras críticas indirectas al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Este clima de extrema tensión, marcado también por la ausencia del mandatario provincial en el documento conjunto de repudio al atentado, se ve profundamente agravado por la reciente y polémica votación en el Senado de la Nación de los pliegos de jueces federales, particularmente el del magistrado Pablo Yadarola.
El discurso de Máximo Kirchner y el foco electoral
Frente al domicilio donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, Máximo Kirchner fue el único orador en un escenario que sirvió de plataforma para el kirchnerismo duro. El líder de La Cámpora enfatizó que su madre «se está preparando» y que «no está proscripta Cristina, estamos proscriptos todos los que la queremos votar». Asimismo, justificó su viaje a la ONU como un reclamo por sus derechos políticos y adelantó que esperan un pronunciamiento favorable para octubre.
En un claro mensaje a la interna peronista, el diputado nacional agradeció públicamente a quienes firmaron el comunicado conjunto titulado «La democracia no admite la eliminación del adversario» —suscripto por dirigentes nacionales como José Mayans, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto y Juan Grabois— y disparó: «Si ustedes supieran las miserias que hay en la política». La frase aludió directamente a Kicillof, quien no firmó el documento.
El hostigamiento de la militancia camporista hacia el gobernador quedó explícito cuando entonaron el cántico: «Cristina es la conducción, vamos a ver si lo entienden… Y si querés otra canción, vení, te presto la mía». Máximo interrumpió su discurso en varias oportunidades para pedir que repitieran la canción, exclamando «vamos, una más», gesto interpretado unánimemente como un «palo» hacia La Plata.
La tensión entre ambos líderes se arrastra desde hace meses, alimentada por el reproche cristinista de que Kicillof no ha ido a visitar a la expresidenta a San José 1111 desde el 1 de octubre del año pasado.
La respuesta de Axel Kicillof desde las redes
Por su parte, el gobernador bonaerense optó por no sumarse al acto ni firmar la solicitada colectiva. Desde la Casa de Gobierno de La Plata argumentaron que «no fueron convocados» y que se enteraron de la existencia del texto una vez publicado.
Kicillof eligió expresarse de manera individual a través de la red social X: «Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato la investigación no haya arrojado resultados sobre los autores intelectuales». El mandatario provincial agregó que la expresidenta «continúa injustamente detenida» y que el atentado «sigue impune», vinculando ambos hechos como «dos caras de la misma moneda: el plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieren representar a nuestro pueblo». Concluyó con un firme «seguimos exigiendo justicia».
Crónica del atentado del 1S y su resolución judicial
El trasfondo de esta disputa evoca los dramáticos acontecimientos del 1° de septiembre de 2022. Alrededor de las 20:50, mientras era vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner regresaba a su residencia en Recoleta en medio de constantes vigilias y manifestaciones de apoyo por la causa Vialidad. En ese contexto, Fernando André Sabag Montiel se aproximó a centímetros de su rostro y gatilló una pistola semi-automática Bersa Lusber de calibre 7.5 mm.
A pesar de que el cargador contenía cinco balas, el arma no disparó debido a que no había ningún proyectil en la recámara. El atacante fue inmediatamente detenido en el lugar. Pocos días después, las autoridades arrestaron a su expareja, Brenda Uliarte, sindicada como partícipe del hecho.
El juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N° 6 comenzó el 26 de junio de 2024 y contó con la declaración de la exmandataria el 14 de agosto de ese año. Finalmente, el 8 de octubre de 2025, el tribunal condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión (con una condena unificada de 14 años reportada en otras instancias) por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras que Brenda Uliarte recibió una pena de 8 años de prisión como partícipe necesaria. Nicolás Carrizo resultó absuelto.
Actualmente, la Cámara Federal de Casación Penal mantiene bajo estudio un recurso clave: debe resolver si aplica el agravante de femicidio bajo la modalidad de violencia política, lo que incrementaría sustancialmente las penas. Al mismo tiempo, la dirigencia kirchnerista continúa denunciando la falta de avances en la investigación sobre los autores intelectuales y los financistas del atentado.
La votación del juez Yadarola: la fractura interna definitiva
Este cuadro de máxima beligerancia interna en el peronismo está atravesado y agravado por la reciente y polémica sesión del Senado nacional del pasado jueves 27 de agosto de 2026. En esa jornada, la Cámara alta aprobó por aplastante mayoría un paquete de 67 pliegos de magistrados judiciales impulsado por la gestión de Javier Milei.
La polémica estalló porque el Bloque Justicialista, conducido por José Mayans, votó de manera afirmativa el ascenso a la Cámara Federal (Sala I) de Pablo Yadarola.
Yadarola es uno de los magistrados denunciados activamente por el kirchnerismo tras haber participado en el polémico vuelo privado a Lago Escondido en octubre de 2022, financiado por directivos del Grupo Clarín.
El respaldo unánime de los senadores del bloque opositor, entre los que se contaron los representantes de San Juan, Sergio Uñac y Celeste Giménez Navarro, representó un giro pragmático bajo la lógica de «no pelearnos más con los jueces». No obstante, esto causó una fractura expuesta.
Mientras que figuras como el exministro de Justicia Martín Soria decidieron retirarse del recinto para no votar el pliego de Yadarola, y diputados de izquierda como Myriam Bregman calificaron la maniobra de «capitulación ante la casta del lawfare», sectores alineados con Kicillof expresaron durísimas críticas al acuerdo legislativo.
La tensión escaló en el plano mediático cuando periodistas afines cuestionaron el pacto, insinuando que contaba con el aval de Cristina Kirchner. Esto motivó un contraataque furioso de la senadora ultra-K Juliana Di Tullio, quien cruzó duramente a los comunicadores de C5N, tildándolos de hipócritas debido a que el gerente institucional del canal es Marcelo D’Alessandro (otro de los participantes del viaje a Lago Escondido) y sugiriendo que sus quejas se debían a intereses de «pauta publicitaria».
Así, a cuatro años del atentado contra su máxima referente, el kirchnerismo asiste a una crisis múltiple en la que las acusaciones de traición judicial, los reclamos de lealtad y la lucha por las candidaturas de 2027 amenazan con dividir definitivamente al movimiento peronista.
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