25 Sep 20:02h

La UFI Delitos Especiales notificó formalmente a once personas vinculadas a la tramitación de la megaobra hídrica. La medida constituye un paso previo a la audiencia de formalización e informa sobre los derechos de defensa ante sospechas de irregularidades administrativas, financieras y técnicas.

El Ministerio Público Fiscal notificó en forma oficial al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, junto a diez exfuncionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), del Ministerio de Infraestructura y representantes de la firma contratista Krah América Latina S.A., sobre la existencia de un legajo judicial en su contra.

La comunicación procesal, amparada en el artículo 338 del Código Procesal Penal provincial, otorga a los involucrados la facultad de designar abogados defensores y conocer las actuaciones iniciadas por presuntas irregularidades en la contratación y construcción del Acueducto Gran Tulum.

Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que este procedimiento previo no constituye una imputación penal formal ni determina culpabilidades en esta etapa del proceso.

La lista de ciudadanos informados por la Justicia abarca a exautoridades provinciales, exdirectivos de empresas públicas, auditores y empresarios:

• Sergio Mauricio Uñac: Exvicegobernador y exgobernador de San Juan durante el desarrollo del proyecto, actual senador nacional y familiar del fallecido empresario Gustavo Monti.
• Julio César Ortiz Andino: Ministro de Infraestructura de la provincia entre los años 2015 y 2023
• Cristian Felipe Andino: Expresidente de OSSE entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015, actual diputado nacional y referente del Partido Justicialista.
• Sergio Fabián Ruiz: Expresidente de OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, actual asesor en el Senado
• Juan Carlos Caparrós: Expresidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019
• Humberto Gonzalo Caballero: Exjefe del Departamento Jurídico de OSSE y actual juez laboral
• Juan Antonio Sánchez: Funcionario de OSSE vinculado a la implementación del proyecto del acueducto
• Francisco José Javier Correa: Funcionario de OSSE, exauditor técnico y exgerente de Obras de la repartición
• Rolando Vicente Caruso: Exjefe del Departamento de Proyectos de OSSE
• Gustavo Fabián Mastelono: Presidente y representante de Krah América Latina S.A., firma adjudicataria de la provisión de materiales

En la causa también figura el nombre de Gustavo Horacio Monti, empresario fallecido en febrero de 2026, quien actuaba como apoderado local de la firma Krah y era primo del exgobernador Uñac.

Origen de la denuncia y fallas en los materiales

La investigación penal comenzó en diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, motivada por publicaciones periodísticas que expusieron anomalías en la licitación y ejecución de la obra.

La presentación contempla la posible comisión de delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Entre las pruebas incorporadas al expediente destaca un informe técnico elaborado el 24 de junio de 2020 por la firma Industrias Metalúrgicas Jaime.

El documento advirtió de manera oportuna sobre fallas estructurales irreversibles en los caños de polietileno de alta densidad (PEAD) y en las soldaduras por electrofusión.

Pese a estos avisos sobre el riesgo de pérdida de estanqueidad, las autoridades estatales mantuvieron los desembolsos y la certificación de trabajos a favor de la contratista MAPAL S.A. y de la proveedora Krah América Latina S.A.

Los peritajes técnicos señalan además que las tuberías instaladas no resultaban aptas para el transporte de agua potable debido a la presencia de insumos potencialmente tóxicos para la salud humana.

A raíz de estos defectos, las autoridades retiraron cerca de 10 kilómetros de cañerías del trazado original.

Crédito internacional y querella estatal

El proyecto del Acueducto Gran Tulum fue licitado por un monto total cercano a los 200 millones de dólares.

El financiamiento se estructuró en dos tramos: un 50% mediante aportes del Estado nacional y el otro 50% a través de un crédito internacional del Estado de Kuwait y Australia.

Según estimaciones del gobierno provincial a cargo del gobernador Marcelo Orrego, el retiro de los caños defectuosos y la paralización de las obras representaron una pérdida directa de 50 millones de dólares para el erario público, mientras la provincia continúa con el pago regular de la deuda internacional.

Por la provisión de las cañerías la empresa Krah recibió al menos 1.300 millones de pesos, proceso en el cual también se analizan supuestas comisiones cobradas por la firma PVC San Juan SRL.

Frente a este escenario, la Provincia de San Juan se presentó en febrero de 2026 como parte querellante a través de la Fiscalía de Estado.

Descargos y diligencias judiciales en curso

Tras recibir la notificación judicial, el diputado nacional Cristian Andino desvinculó su gestión en OSSE de las anomalías denunciadas y aclaró que dejó el cargo en 2015, fecha en la cual no existía recepción de caños bajo su mandato. Por su parte, los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol se presentaron previamente ante la Justicia a través de su defensa particular para poner a disposición documentación de sus respectivas gestiones.

En el marco de las diligencias ordenadas por los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, bajo directivas del fiscal general Guillermo Baigorri para priorizar casos de presunta corrupción administrativa, la UFI llevó a cabo diversas medidas:

• Allanamientos a las oficinas de la empresa Krah en la Capital sanjuanina y en su planta industrial de Albardón, con el secuestro de computadoras y documentación técnica.
• Inspecciones oculares a lo largo del trazado del acueducto, desde el obrador junto al dique Punta Negra hasta tramos de la Ruta 12, Villa Tacú y la planta potabilizadora de Marquesado.

Estado procesal y plazos legales

La causa tramita bajo el legajo «Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública». La jueza de Garantías Mónica Lucero otorgó una prórroga de 90 días hábiles a la fiscalía para completar el análisis de los elementos de prueba.

Con el vencimiento de este plazo fijado para el mes de noviembre, los fiscales deberán resolver el curso de la investigación. Entre las alternativas legales figuran la solicitud de la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria ante el Juez de Garantías, la desestimación de la denuncia o el archivo del expediente.

PELADO STREAM

(Con información de: Pelado Stream, Tiempo de San Juan, Diario El Zonda, Diario Huarpe, El País Diario, Del Sur Diario, 0264 Noticias)