22 Sep 07:58h
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad, pero suspendió su implementación hasta que el Congreso defina cómo se financiarán los gastos. La decisión, oficializada a través del Decreto 681/2025, se basó en el «impacto fiscal» que la norma tendría en las cuentas del Estado, un costo estimado en más de 3 billones de pesos para 2025.
La promulgación de la ley se produjo luego de que el Congreso insistiera en la sanción original y dejara sin efecto el veto presidencial. Sin embargo, el Gobierno justificó la suspensión en la falta de precisión del Poder Legislativo para señalar de dónde saldrán los fondos para cubrir los gastos. El Ejecutivo ya había vetado la norma anteriormente, alegando que la falta de previsión presupuestaria podía «poner en riesgo la continuidad del régimen de atención».
Según cálculos oficiales, la aplicación plena de la ley generaría erogaciones adicionales por $3.019.508.900.000, equivalentes al 0,35 % del PBI. A su vez, el Gobierno advirtió que el presupuesto nacional actual no cuenta con los créditos suficientes para cubrir estas obligaciones. La decisión fue comunicada al Congreso, a la espera de que se incorporen las partidas necesarias para poner en marcha la emergencia.
Paralelamente, el Gobierno dispuso una modificación presupuestaria para reforzar la financiación de las prestaciones a personas con discapacidad. A través de la Decisión Administrativa 24/2025, se aumentaron los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para atender gastos urgentes y actualizar los aranceles de los prestadores a partir del 1° de octubre. El documento oficial aclara que esta medida se tomó como respuesta a un reclamo de los prestadores, a pesar de que la ley que contempla su financiamiento se mantiene suspendida.
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