07 May 14:16h
En una estrategia definida por el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, como de «ataque» para proteger las arcas provinciales, San Juan logró recuperar cerca de 400 millones de pesos de deudas que obras sociales, empresas de seguros y ART mantenían con el sistema de salud pública. Este monto representa el 50% de un primer lote de 800 millones de pesos que se encontraba en proceso de ejecución judicial.
El cambio de paradigma en el cobro de estas prestaciones surgió tras la eliminación de la intermediación de la Superintendencia de Salud de la Nación. Ante este nuevo escenario, la provincia modificó sus normas para establecer un sistema de facturación directa.
«Al eliminarse esta intermediación, la provincia tuvo que modificar algunas normas… para que se pusiera en práctica un sistema que prevé la facturación directa con los distintos órganos sociales», explicó el fiscal en Pelado Stream.
El procedimiento actual consta de una etapa administrativa rápida y, ante la falta de pago, la emisión de un «certificado de ejecución de deuda» que permite a la Fiscalía de Estado iniciar el reclamo judicial de manera ágil. Dávila señaló que este mecanismo busca no solo el recupero económico, sino que tiene un efecto preventivo: «Es disuasivo también… no esperar que te ejecuten, sino que vas y cumplís antes».
Con este sistema, San Juan se posiciona como una de las jurisdicciones pioneras en la materia. «San Juan por ahí ha marcado tendencia, no son muchas las provincias que tienen este sistema aceitado», destacó Dávila.
El objetivo final de estas ejecuciones es garantizar que el sistema público no colapse ante el aumento de la demanda y asegurar que los entes privados reintegren al Estado el costo de las atenciones brindadas a sus afiliados. «La provincia no solamente se defiende, sino que también ataca, y esto es parte de eso», concluyó el fiscal.
PELADO STREAM
Sin comentarios