12 Ago 07:53h
La Seccional San Juan del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) expresó este martes su rechazo ante el deterioro de la red vial nacional y la falta de inversión estatal. A través de un comunicado oficial, el gremio calificó de «imprescindible» fijar una posición pública frente a la retención de fondos que el Gobierno Nacional destina a inversiones financieras en lugar de volcarlos al mantenimiento de los caminos.
Esta declaración ocurrió en un contexto de alta tensión política, luego de que la diputada Victoria Tolosa Paz denunció penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto desvío de más de un billón de pesos destinados a infraestructura vial. El sindicato señaló que, de los $1,5 billones recaudados por el impuesto a los combustibles a través del Sistema Vial Integrado (SisVial), solo se aplicó un 26,2% a obras concretas, mientras el resto permaneció en plazos fijos y títulos públicos.
La postura sindical también respondió al reciente convenio que el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, firmó con la Nación para asumir la gestión y el financiamiento de tramos clave de las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149 por los próximos 20 años. Para el gremio, esta decisión política traslada a los contribuyentes provinciales una carga que corresponde al Estado Nacional, el cual retiene recursos de afectación específica.
En su comunicado, el sindicato fue categórico: «No estamos ante una discusión meramente contable. Estamos frente a una decisión política que modifica quién paga, quién administra y quién asume los riesgos». El texto subrayó que el desfinanciamiento de Vialidad Nacional reduce sus capacidades operativas y paraliza intervenciones urgentes.
Bajo la firma de su secretario general, Carlos José Ordoñez, el STVyARA exigió transparencia en el manejo del SISVIAL y concluyó con una proclama firme: «Los argentinos pagan el impuesto a los combustibles. Ese dinero tiene que volver a las rutas. No a la retención. No al desfinanciamiento. No a la transferencia de los costos a las provincias». El gremio advirtió que cada peso provincial que se usa en infraestructura nacional es un recurso que San Juan pierde para la construcción de escuelas, centros de salud o viviendas.
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