15 Jun 13:57h
El gobierno de Javier Milei decidió reformar el proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un decreto que se publicará en el Boletín Oficial, con el fin de agilizar la cobertura de vacantes en el máximo tribunal.
La medida, elaborada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modifica el régimen del Decreto 222/03 para eliminar la instancia de participación ciudadana e impugnaciones que se realizaba ante el Poder Ejecutivo. Según fuentes oficiales, este paso administrativo representaba una «duplicación de instancias» innecesaria, ya que el Senado de la Nación mantiene sus mecanismos de control y audiencias públicas para evaluar los pliegos.
La reforma introduce cambios profundos en la transparencia y los requisitos de las candidaturas. El nuevo sistema elimina la obligación de publicar los antecedentes de los postulantes en diarios de circulación nacional, reemplazándolo por una difusión exclusiva en la página web oficial del Ministerio de Justicia con plazos más breves.
Asimismo, el decreto suprime la recomendación de que el Presidente considere criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de nominar a un candidato. Estos puntos habían sido utilizados por la oposición para cuestionar las fallidas postulaciones anteriores de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
En materia de control financiero, se establece un régimen uniforme para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales, otorgando a los candidatos un plazo de cinco días para su entrega bajo la Ley de Ética Pública. Además, se fija por primera vez un término específico para que la ARCA (ex AFIP) informe sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los postulantes, buscando evitar cuellos de botella burocráticos.
Pese a estos ajustes, el Gobierno subrayó que el procedimiento constitucional en el Senado, que requiere una mayoría de dos tercios para la confirmación, permanece intacto.
El contexto de esta decisión está marcado por una Corte Suprema que funciona con solo tres de sus cinco integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Informes periodísticos vinculan esta reforma a una reciente reunión entre Milei y el juez Lorenzetti, en la cual se habría acordado impulsar nuevos nombres para completar el tribunal, entre ellos el de Mariano Borinsky y Karina Perilli.
No obstante, la medida ha generado críticas de sectores aliados y organizaciones civiles, como la consejera Jimena de la Torre, quien advirtió que la eliminación de controles ciudadanos representa un retroceso en la calidad institucional y la transparencia republicana.
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