03 Jul 07:45h
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó, durante la sexta sesión ordinaria del 2 de julio de 2026, la Ley de Desarrollo Local Minero con una contundente mayoría de 33 votos a favor y solo 2 en contra. La normativa busca promover el empleo registrado y el fortalecimiento de las pymes locales a partir de las grandes inversiones proyectadas para el futuro inmediato.
A pesar del amplio respaldo en la votación general, la sesión estuvo marcada por un extenso y profundo debate en el que participaron 17 legisladores. Los puntos de mayor fricción giraron en torno a la compatibilidad de esta ley provincial con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) nacional, las facultades sancionatorias del Estado y la necesidad de una gestión ejecutiva eficaz para que la norma no se convierta en una mera «expresión de deseos».
Frases destacadas del debate
A continuación, se detallan las intervenciones más relevantes de los oradores durante el tratamiento del proyecto:
- Andrés Castro (Bloque Producción y Trabajo / Cambia San Juan): «Este proyecto de ley no nace claramente de una necesidad de inversiones; nace porque la experiencia internacional nos demuestra que las inversiones por sí solas no se traducen en un desarrollo sostenido de los territorios».
- Marisa López (Bloque Justicialista): «Advertíamos la necesidad en su momento [al adherir al RIGI] de proteger a los proveedores locales, de darles herramientas y también de considerar muy importante la contratación de mano de obra local».
- Leopoldo Soler (Bloque Mejor Nosotros): «Esta ley solo va a servir para aquellos que no estén en el RIGI… de lo contrario, nos encontramos vedados de poder legislar en cualquier materia que pueda cambiar lo que existía».
- Franco Aranda (Bloque Frente Renovador / Bloque Justicialista): «Necesitamos el decreto reglamentario porque va a haber que presentar por parte de las empresas un plan de desarrollo… mientras esta ley no sea operativa, vamos a correr el riesgo de que pueda haber otra vez contrataciones que los sanjuaninos no queremos».
- Jorge Castañeda (Bloque Justicialista): «El que dijo que esta ley nace muerta fui yo… y es porque aquí hay que buscar dos cosas: una ya la buscó el gobierno, que fue el consenso; la otra herramienta fundamental es la gestión del poder ejecutivo».
- Mario Herrero (Bloque San Juan Primero): «La preocupación es que si no tenemos una herramienta para hacer exigible el cumplimiento de esta ley o sancionable el incumplimiento… todo se reduce a una buena intención».
- Graciela Seva (Bloque San Juan Vuelve): «Esta ley es un parche frente a los obstáculos reales que enfrentan nuestros sectores productivos… firmar la adhesión [al RIGI] fue entregar nuestra autonomía provincial».
- Juan de la Cruz Córdoba (Bloque Cambia San Juan): «Nuestro gobierno entiende que los proveedores sanjuaninos están al alcance, tienen la calidad y la experiencia como para poder competir en igualdad de condiciones».
Claves del proyecto de ley
La nueva normativa establece una serie de obligaciones e incentivos para las operadoras mineras en la provincia:
- Alcance integral: Abarca todas las etapas mineras, desde la prospección y exploración hasta el cierre y post-cierre de minas.
- Meta de empleo local: Las empresas deben orientarse hacia un objetivo de al menos el 80% de contratación de trabajadores locales sobre su nómina promedio anual.
- Contratación de proveedores: Se establece una meta de cubrir al menos un 60% del monto anual de adquisiciones con proveedores de la provincia.
- Creación del REPROMÍN: Se instituye el Registro de Proveedores Mineros, una herramienta pública y digital para dotar de transparencia al sistema y permitir que las pymes anticipen los cronogramas de compras de las mineras.
- Incentivo fiscal: Las empresas que cumplan simultáneamente con las metas de empleo y proveedores, y tengan domicilio fiscal en San Juan, podrán acceder a un certificado de crédito fiscal transferible.
- Planes de desarrollo: Las operadoras deben presentar con carácter de declaración jurada un Plan de Desarrollo de Empleo Local y un Plan de Desarrollo de Proveedores, los cuales deben integrar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
- Sanciones: Se prevén multas por incumplimiento que pueden alcanzar hasta las 200,000 unidades tributarias.
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