03 Jul 08:06h
La Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos de la defensa de Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad, dejando firme la obligación de devolver un total de $685.000 millones. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles los recursos que cuestionaban el sistema de actualización del monto, lo que habilita ahora la etapa de ejecución patrimonial.
Este fallo se produce poco después de cumplirse un año de la detención de la exmandataria por el delito de administración fraudulenta.
Un monto multimillonario y definitivo
La cifra final que los condenados deberán responder de manera solidaria asciende exactamente a $684.990.350.139,86. Aunque la defensa de la ex Presidenta reclamaba que el decomiso no debía superar los $23.000 millones, la justicia validó los cálculos del Cuerpo de Peritos de la Corte.
Para alcanzar este valor, se aplicó una actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sobre una base original de aproximadamente $85.000 millones que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) había fijado en 2022.
Los bienes en la mira: De Los Sauces a San José 1111
La resolución permite avanzar sobre un listado de 111 bienes ya ordenados para decomiso, de los cuales 20 pertenecen a la familia Kirchner y 85 a Lázaro Báez. El criterio judicial establece que cualquier bien incorporado al patrimonio entre 2003 y 2015 es sujeto de decomiso, lo que incluye las propiedades que Cristina Kirchner cedió a sus hijos, Máximo y Florencia, en 2016.
Entre estos activos se encuentran:
- El hotel boutique Casa Patagónica Los Sauces.
- Un complejo de departamentos, terrenos y diversas propiedades en Santa Cruz.
- Cinco millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner.
Asimismo, existe una segunda tanda de 144 propiedades solicitadas por la fiscalía que incluye el hotel Alto Calafate, la residencia en Río Gallegos y el departamento de San José 1111, donde la exmandataria cumple actualmente su arresto.
El destino de lo incautado: De la Corte al remate público
Con este fallo, la Corte Suprema se constituirá en la titular de todas las propiedades decomisadas. El máximo tribunal tendrá la potestad de determinar la utilidad de cada inmueble; sin embargo, aquellas casas, locales, terrenos o vehículos que no resulten funcionales para las necesidades del Poder Judicial podrán ser ejecutados en un remate público para recuperar los fondos defraudados al Estado.
La causa Vialidad
La causa Vialidad dio por probada la existencia de un entramado de corrupción en el que Lázaro Báez resultó adjudicatario del 86% de las obras viales financiadas por el Estado en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La justicia dio por demostrado que el Grupo Austral cobró sobreprecios promedio del 64% y que la mitad de las rutas quedaron abandonadas a pesar de haber sido pagadas íntegramente. Además de la ejecución patrimonial, la condena ya firme incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para todos los responsables.
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