08 Abr 08:00h
El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, defendió la reforma de la Ley de Glaciares ante el plenario de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados de la Nación. El funcionario expuso la postura de la provincia en la víspera de la sesión especial convocada para este miércoles a las 15, donde se buscará restituir a las jurisdicciones la facultad de decidir sobre los recursos naturales en alta montaña.
La actividad contó con la presencia del ministro de Producción, Gustavo Fernández, mientras que el gobernador Marcelo Orrego participó de manera virtual.
El objeto de protección y la evidencia científica
Perea sostuvo que la intención de la reforma no consiste en derogar la normativa vigente ni en reducir los niveles de resguardo, sino en precisar el objeto de protección para resguardar las reservas estratégicas de agua. Afirmó que los glaciares descubiertos, cubiertos, neveros y manchones de nieve son cien por ciento agua y su protección no está en discusión.
El ministro centró el debate en las geoformas del ambiente periglacial y señaló que estudios técnicos demostraron que los glaciares de escombros no intervienen en el funcionamiento de las cuencas hídricas.
El funcionario aportó datos del geofísico Silvio Pastore para dimensionar el impacto hídrico en la provincia. Explicó que existen tres mil doscientos veintisiete glaciares de escombros en la cuenca del río San Juan. Precisó que, en un escenario extremo de calentamiento global, estas formaciones solo aportarían el uno coma sesenta y cinco por ciento del caudal del río en un lapso de setenta y cinco años.
«No estamos hablando de la reserva de agua de la que depende San Juan», sentenció el ministro ante los diputados.
Federalismo y capacidad técnica provincial
La alocución remarcó el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional. Perea rechazó que la reforma viole el principio de no regresividad y aseguró que se mantiene el principio precautorio. Explicó que cada glaciar se considera protegido hasta que la autoridad ambiental provincial verifique la ausencia de funciones hídricas mediante estudios científicos.
«Las prohibiciones absolutas solo son aplicables a la actividad ilícita», manifestó el titular de la cartera minera.
El ministro destacó que San Juan cuenta con una autoridad de aplicación local bajo la Ley Provincial 1076-L y un inventario de glaciares propio. Detalló que el sistema de evaluación ambiental posee cinco filtros y la intervención de equipos técnicos independientes. Mencionó que la provincia logró reducir los tiempos de evaluación de ciento ochenta a treinta días, y ejemplificó con el caso del proyecto Josemaría, evaluado en cincuenta días hábiles.
Seguridad jurídica y gestión de recursos
Perea argumentó que la ambigüedad de la ley actual generó inseguridad jurídica, ya que no pudo reglamentarse plenamente en quince años. Definió a las provincias como sujetos políticos autónomos con capacidad técnica para gestionar recursos en armonía con los estándares nacionales. El ministro concluyó que la propuesta busca una aplicación efectiva de la norma basada en la responsabilidad y el federalismo.
Finalmente, el funcionario subrayó el destino de los fondos provenientes de la minería en infraestructura hídrica y social. Informó que el Gobierno de San Juan ejecutó más de veintidós mil millones de pesos en los departamentos de Iglesia y Jáchal. Detalló que seis mil millones se destinaron a obras como el Acueducto El Tambillo, la planta potabilizadora de Villa Mercedes y la red de agua de San Roque.
«Eso es lo que hace San Juan con los recursos que genera la minería: los devuelve al territorio», afirmó Perea.
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