18 Dic 08:01h
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, asistirá este jueves al Senado de la Nación para respaldar el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (N° 26.639) enviado por el Poder Ejecutivo. El mandatario provincial participará del cierre del debate en un plenario de comisiones de Minería y de Ambiente, en una jornada clave donde se buscará avanzar con la firma del dictamen.
La iniciativa cuenta con el apoyo explícito de los gobernadores de la Mesa del Cobre y la Mesa del Litio, quienes solicitaron formalmente esta corrección técnica para otorgar seguridad jurídica y previsibilidad a las inversiones productivas en las provincias cordilleranas.
El tratamiento legislativo inició formalmente el miércoles 17 de diciembre con la exposición de funcionarios nacionales, encabezados por el secretario de Minería, Luis Lucero. El cronograma incluyó una Mesa Federal con autoridades mineras y ambientales de distintas provincias, mientras que este jueves se destinará a escuchar las posturas de cámaras empresariales y ONG ambientalistas.
El Gobierno nacional subrayó que no se trata de una flexibilización de los estándares actuales, sino de una normativa aclaratoria que busca resolver la incertidumbre regulatoria y los conflictos de competencia que paralizaron proyectos en los últimos años.
La propuesta oficial se centró en redefinir el objeto de protección de la ley, enfocándose en los glaciares y geoformas periglaciales que cumplen funciones hídricas reales como reservas estratégicas de agua. Bajo este nuevo esquema, el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA, mantendrá su vigencia pero con una mayor interacción con las provincias.
Se incorporó además el principio precautorio: toda geoforma inventariada se presume protegida, a menos que la autoridad ambiental competente verifique que no cumple una función hídrica específica para la recarga de cuencas.
Desde la Casa Rosada defendieron la constitucionalidad del proyecto al apoyarse en los artículos 41 y 124, que garantizan el derecho a un ambiente sano y reconocen la propiedad originaria de los recursos naturales en manos de las provincias. El Ejecutivo rechazó de plano que la medida desproteja el entorno natural, argumentando que se mantienen prohibiciones estrictas sobre la liberación de contaminantes y la exploración minera en áreas protegidas, pero delegando en las autoridades competentes la evaluación de impacto ambiental para determinar alteraciones relevantes.
Finalmente, el Gobierno buscó llevar tranquilidad al sector inversor al ratificar que la aprobación de esta adecuación no modificará las Declaraciones de Impacto Ambiental ya vigentes ni los proyectos adheridos al RIGI. La decisión de tramitar estos cambios a través del Congreso, y no mediante un decreto, respondió a la necesidad de construir un marco de seguridad jurídica sólido que permita equilibrar el desarrollo sostenible con la protección efectiva del recurso hídrico en todo el territorio nacional.
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