30 Jul 07:15h
El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que restringe el ingreso y la permanencia de extranjeros en el territorio nacional. Esta medida surge como respuesta directa a las recientes manifestaciones de hostilidad y discursos de odio registrados a nivel global contra el país tras el Mundial 2026. La nueva normativa advierte de manera tajante: “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.
La disposición oficial incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión inmediata a todo extranjero que dirija o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino por razón de su nacionalidad. El decreto también castiga con la misma severidad el ultraje a los símbolos patrios. Según el comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno Nacional reafirma que “la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”.
El endurecimiento de la política migratoria responde a un clima de animosidad inédito donde Argentina pasó de ser admirada a ser señalada como el «villano» del fútbol mundial. Durante y después de la Copa del Mundo, se multiplicaron en redes sociales y medios internacionales acusaciones que califican a la sociedad argentina como «racista», «tramposa» y «soberbia». Figuras de Hollywood, como el actor Samuel L. Jackson, amplificaron esta narrativa al compartir publicaciones que definen a Argentina como “uno de los países más racistas del mundo”.
El conflicto trascendió el ámbito digital y derivó en hechos de violencia física contra ciudadanos argentinos en el exterior, incluyendo ataques en el metro de Madrid y agresiones en Brasil. Si bien diversos especialistas y estudios técnicos descartan la existencia de una operación coordinada y atribuyen el fenómeno a una «conversación digital global y espontánea» potenciada por algoritmos, el Poder Ejecutivo interpreta estos episodios como ataques directos a la soberanía nacional.
Hasta el momento, las respuestas oficiales habían sido escasas o limitadas a redes sociales, pero la firma de este decreto marca un cambio de postura hacia una defensa institucional activa. El Gobierno busca así contrarrestar lo que considera una maniobra geopolítica destinada a debilitar la posición del país mediante el uso de la inteligencia artificial y campañas de desinformación que polarizaron la opinión pública mundial.
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