17 Nov 07:38h
El Consejo Provincial de Protección Integral de las Mujeres, Géneros y Diversidades de San Juan repudió enérgicamente el Decreto presidencial 436/2025, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, que eliminó la obligatoriedad de la jornada anual del programa «Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género» en los establecimientos educativos del país.
El organismo advirtió sobre el «retroceso» que implica la medida y exigió la continuidad de estos espacios de sensibilización y formación a nivel provincial.
El Consejo Provincial instó a las autoridades provinciales a mantener las jornadas en San Juan y garantizar acciones de sensibilización para alumnos, además de formación docente continua sobre los distintos tipos de violencias.
En su comunicado de prensa, el Consejo recomendó al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación promover también campañas de concientización en el ámbito escolar con cartelería informativa, destacando que no obtuvieron respuesta de las autoridades a pocos días de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
El organismo sanjuanino destacó que las jornadas, establecidas por la Ley Nacional N° 27.234 (sancionada en 2015), fueron una herramienta «fundamental» para reflexionar sobre las distintas formas de violencia y promover los derechos humanos de las mujeres y diversidades en el ámbito educativo.
Señaló que la derogación del artículo 3° de la Ley N° 27.234 contradice lo establecido por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y desconoce la responsabilidad constitucional del Estado de garantizar su protección y bienestar, aludiendo a que «la erradicación de la violencia requiere un Estado presente».
El Decreto presidencial 436/2025 no solo derogó el artículo referido a la jornada de violencia de género, sino que también eliminó los artículos 5° y 6° de la Ley de Promoción de la Educación Vial N° 27.214, que establecían la creación del Observatorio de la Educación Vial.
El argumento oficial para estas derogaciones fue la necesidad de reducir la estructura estatal y evitar la superposición de funciones, alegando que el Observatorio de Educación Vial duplicaba objetivos con el Consejo Federal de Seguridad Vial y que las competencias educativas deben respetar las autonomías jurisdiccionales provinciales.
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