24 Jun 13:03h
El flamante presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan, Pablo Farina, defendió la potestad de los jueces para convocar a las víctimas en los procesos penales, punto central de una reciente disputa con los fiscales. También analizó los avances en la eficiencia del sistema, la falta de recursos humanos y el impacto de los cambios edilicios próximos.
La controversia que motivó la postura pública del Colegio surgió tras la decisión del juez de Garantías Diego Sanz de citar a los damnificados en la causa «robarruedas», pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal. Farina fue categórico al respecto: «El derecho de la víctima es fundamental… Muchas veces las víctimas quieren ser escuchadas por el juez, quieren saber». Sostuvo que el juez actúa bajo un «sano criterio» y que, aunque exista un acuerdo previo entre fiscalía y defensa, el magistrado debe asegurar que la víctima comprenda lo que se va a resolver.
Para Farina, esta facultad no es opcional: «El juez tiene no solamente la potestad sino hasta el deber de citar a la víctima para que esta pueda poner en conocimiento del juez… para poner en contexto sobre el acuerdo que firmó en su momento».
Relaciones institucionales: Los trapitos se lavan en casa
Respecto a las tensiones con el Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFIAS), que calificó el accionar judicial como una «revictimización institucional», Farina buscó bajar el tono del conflicto mediático. Si bien reconoció las diferencias, afirmó que «no son tales» y que deben resolverse dentro del ámbito jurisdiccional. «Si lo vemos desde el punto de vista de la lógica y del sentido común… lo que le importa a la sociedad es cuál es la respuesta del poder judicial en su conjunto para sus necesidades», señaló, enfatizando que al justiciable no le interesan las internas institucionales.
Asimismo, destacó su buena relación con el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí, con quien busca una interacción que mejore el sistema. «No sirve de nada que los distintos estamentos del poder judicial vayan todos separados, tenemos que ir todos juntos. El camino es uno solo», sentenció.
Eficiencia y el reto del recurso humano
Farina, quien además es juez en el Fuero Civil, resaltó el éxito de la oralidad en los juzgados civiles, laborales y de familia. Según detalló, este sistema ha permitido una reducción drástica de los plazos procesales: «Antes… no menos de 2 años y medio o 3 años (demoraba una causa); en la actualidad estamos dentro del año».
Sin embargo, advirtió que esta modernización requiere de un correlato en infraestructura y personal. «A medida que se van produciendo estos tipos de cambios, siempre se hace necesario personal y la capacitación del personal para poder realizar su actividad», explicó, reconociendo que en algunos fueros el recurso humano es hoy insuficiente.
Mudanza estratégica al edificio 9 de Julio
Finalmente, el presidente del Colegio se refirió al futuro traslado de los fueros civil, laboral y de familia al remodelado edificio de calle 9 de Julio. Farina calificó este cambio como una mejora funcional necesaria para terminar con la dispersión actual de los juzgados. «Debería también beneficiar la relación directa que tenemos… la reunión de los jueces para conocer criterios y tener ideas por cuestiones que puedan ser sensibles», concluyó, apostando por una justicia más concentrada y eficiente.
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