17 Jun 17:27h

Los abogados Marcelo Sandez Luján y Néstor Roly Olivera emitieron este 17 de junio de 2026 un informe público en el que respaldan la facultad de los jueces de exigir la presencia de las víctimas en las audiencias, posicionándose a favor de los magistrados en el reciente conflicto con el Ministerio Público Fiscal.

La controversia, detonada por el caso de una banda de «robarruedas», centra el debate en si el consentimiento escrito de la víctima es suficiente para cerrar acuerdos penales o si su voz debe ser escuchada directamente por el juez.

El conflicto se originó cuando un Juez de Garantías solicitó la presencia física de los afectados en una audiencia de reparación integral, a lo que la fiscalía se negó argumentando que ya existía una conformidad escrita.

Ante esto, el Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS) calificó la exigencia judicial como “revictimización institucional”, una postura que los abogados firmantes consideran un «peligroso» retroceso en los derechos ciudadanos.

El argumento central de los letrados se basa en la Ley 1851-O (Código Procesal Penal vigente), específicamente en su artículo 12, que establece que la víctima tiene derecho a participar en el proceso y que cualquier disposición debe interpretarse del modo que mejor convenga a su intervención efectiva.

Según el informe, el nuevo código reemplazó deliberadamente al modelo anterior (Ley 754), donde la víctima era un sujeto pasivo, para convertirla en un actor con derechos propios.

Los abogados sostienen que “los jueces no son buzones de los fiscales” y que su rol es actuar como garantes de derechos, no como meros aplicadores de textos escritos. En este sentido, rechazan que escuchar a la víctima sea un acto de revictimización; por el contrario, afirman que la verdadera revictimización consiste en silenciarlas y tratarlas como un simple papel en un expediente.

Como solución al problema de las causas que se retrasan por la incomparecencia de los afectados, el informe propone garantizar la participación con protección mediante el uso de videoconferencias, acompañamiento psicológico y salas separadas, en lugar de optar por la exclusión de la víctima.

Finalmente, los juristas cuestionan la contradicción de las Asesorías Oficiales al firmar documentos que limitan la voz de los sectores más vulnerables a los que deben defender.

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