29 May 14:17h
La Justicia Federal dictaminó que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) debe mantener el informe final de cosecha y recabar datos detallados sobre la producción de vino y mosto de 2026. Esta medida surge tras un reclamo de diversas entidades del sector frente al recorte de información obligatoria derivado de las políticas de desregulación del Gobierno nacional.
Restablecimiento de controles y formularios
La resolución judicial (36008/2025) obliga al organismo a exigir nuevamente el Certificado de Ingreso de Uvas (CIU) y el formulario CEC-05, que funciona como la Declaración Jurada Anual de Elaboración. Estos instrumentos son fundamentales para precisar cuánto de la materia prima se destinó finalmente a vino y cuánto a mosto, datos que el INV había dejado de solicitar de manera completa, limitándose únicamente a informar los kilos de uva ingresados a bodega.
Reclamo de las entidades del sector
El recurso de amparo que motivó este fallo fue presentado por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa).
Sergio Villanueva, titular de la UVA, advirtió que esta fue la primera cosecha en más de 65 años realizada sin este tipo de controles, lo que generaba «información asimétrica» en el mercado. Según las entidades, contar con estos datos es estratégico para garantizar la transparencia, la previsibilidad de los precios y el conocimiento de los stocks.
Respuesta del organismo
Desde el INV explicaron que se está cumpliendo con la ampliación de la medida cautelar y que el Sistema de Cosecha se encuentra abierto para la presentación informática de las declaraciones juradas. El instituto aseguró que, una vez que se termine de recabar toda la información sobre los volúmenes de vino y mosto producidos este año, los datos se harán públicos para todo el sector.
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