10 Feb 07:49h
El fiscal general de la Corte de San Juan, Guillermo Baigorrí, brindó una entrevista al periodista Daniel Tejada en el programa Pelado Stream, donde analizó su primer mes y medio de gestión y las reformas operativas en el Ministerio Público Fiscal. El funcionario sostuvo que busca despersonalizar la institución, tras 32 años de gestión de Eduardo Quattropani, y adelantó la creación de un manual de política criminal para unificar criterios en causas sensibles.
Reestructuración operativa y «oxigenación» de las UFI
Baigorrí detalló las decisiones administrativas que tomó al asumir, las cuales incluyeron el traslado de fiscales y la eliminación de la figura de supervisores intermedios para fortalecer la jerarquía de los coordinadores. El fiscal argumentó que estas medidas buscaron resolver conflictos de competencia entre las distintas Unidades Fiscales de Investigación (UFI), en particular Flagrancia, que generaban dilaciones en el servicio.
«Me pareció que no era necesaria la figura del supervisor controlando, sino que había que reivindicar la tarea de los coordinadores y que ellos fueran los jerárquicamente superiores a los fiscales».
Respecto a la rotación de personal, el funcionario definió el proceso como una necesidad de «oxigenar» el funcionamiento del sistema. «Advertimos que en Flagrancia teníamos alguna cuestión que se estaba prestando para mucha diferencia de criterio con fiscales de otras UFIS», señaló Baigorrí para justificar la unificación de pautas de trabajo.
El debate por los juicios abreviados y la política criminal
Uno de los puntos más tensos de la entrevista abordó el malestar de familiares de víctimas en siniestros viales ante la aplicación de juicios abreviados. Baigorrí anunció que la semana próxima comenzará a sesionar una comisión, integrada por fiscales, la Secretaría de Seguridad y legisladores, para redactar el primer Manual de Política Criminal de la provincia, con el objetivo de que las reglas de juego sean claras y previsibles para todas las partes.
«Lo que yo quiero es que lo definamos dentro de un manual de política criminal para que los fiscales, los jueces y las partes sepan de antemano y no que en este caso a porque Tejada es amigo le vamos a permitir que participe y en este caso no».
El fiscal reconoció que la participación de las víctimas como querellantes en los acuerdos de juicio abreviado es un tema en revisión. Explicó que buscan establecer criterios específicos para determinar en qué delitos es indispensable el consentimiento de la parte damnificada, especialmente en aquellos que involucran la pérdida de vidas humanas.
Avances en la investigación por el Acueducto Gran Tulum
Sobre la denuncia presentada por el dirigente Marcelo Arancibia respecto a la compra de caños para el Acueducto Gran Tulum, Baigorrí confirmó que la investigación entró en una fase de análisis documental intensivo. La semana pasada, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) entregó a la Justicia aproximadamente 14 cajas con documentación que ya fue digitalizada bajo supervisión de la Escribanía de Gobierno.
«Hoy no tengo más que además de la denuncia el pedido de toda la documental necesaria. Hay un montón de documentación que deberá analizarse y para colmo mucha documentación que tiene recaudos técnicos específicos».
El fiscal general pidió prudencia y sensatez en el manejo de los tiempos, aclarando que para formular cargos falta realizar un estudio técnico de los planos y expedientes recibidos. Aseguró que su objetivo es mantener la independencia de la investigación para que «la política no meta la cola» y se recupere el pacto de confianza con la sociedad.
Postura sobre la baja de la edad de imputabilidad
Frente al debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, Baigorrí sostuvo una visión integral que excede lo meramente jurídico. Consideró que, si bien técnicamente un joven de 14 años comprende hoy la criminalidad de sus actos mejor que hace décadas, la solución no reside únicamente en la sanción penal, sino en la presencia del Estado y el fortalecimiento de la justicia restaurativa.
«Bajar la ley no es solución, pero tampoco es solución no hacer nada. El Estado debería estar presente para que evitemos cómo contener, pero el Estado no puede constituir familias».
PELADO STREAM
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