25 Sep 21:09h
La Cámara de Diputados de San Juan no trató sobre tablas el proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Víctimas (27.372) y dejó la iniciativa sin tratamiento en la sesión ordinaria de este jueves 24 de septiembre. Frente a esta decisión, el presidente de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, Guillermo Chirino, expresó este viernes en Pelado Stream su profundo rechazo a la postura oficial. Según el referente, la falta de respaldo provincial deja desprotegidas a las familias en el momento de mayor vulnerabilidad.
La iniciativa buscaba la adhesión formal a la ley aprobada a nivel nacional en 2017. Sin embargo, el bloque parlamentario mayoritario —integrado por el oficialismo, el bloquismo y sus aliados— evitó el abordaje sobre tablas bajo la premisa de que la ley nacional posee plena vigencia en todo el territorio y no requiere una norma provincial específica. Ante esta posición, Chirino recordó que un proyecto previo con el mismo fin, presentado por la diputada Fernanda Paredes, ya había perdido estado parlamentario por falta de debate.
Para el dirigente social, el argumento legislativo ignora la realidad de los tribunales. Aunque los primeros tres artículos de la Ley 27.372 son de orden público y aplicación obligatoria, la norma no se ejecuta en la práctica sanjuanina.
Durante la jornada parlamentaria, integrantes de más de 10 organizaciones no gubernamentales —que representan causas de siniestros viales, violencia de género, bullying y mala praxis— se concentraron para exigir garantías. Chirino remarcó que las leyes nacen «desde el dolor y desde la sangre», y denunció que en San Juan el Estado actúa de forma arbitraria, lo cual obliga a las víctimas a pagar los platos rotos.
Los derechos estipulados en la Ley 27.372
La Ley Nacional de Víctimas establece las siguientes garantías fundamentales:
- Recepción inmediata de la denuncia.
- Trato digno y respetuoso.
- Respeto a la intimidad.
- Protección para la persona afectada y su entorno familiar.
- Asistencia especializada.
- Celeridad en la tramitación de los casos.
- Intervención directa en la causa en calidad de actor querellante.
- Acceso continuo a la información sobre el proceso penal y el imputado.
- Facultad para aportar pruebas e información.
- Escucha previa y participación obligatoria antes del otorgamiento de beneficios a los condenados.
Pese a este catálogo de derechos, Chirino advirtió que el mismo juez que aplica una condena concede luego salidas transitorias o morigeraciones al año o año y medio de prisión. Todo el sistema está pensado para la reinserción del victimario, mientras que las víctimas sufren la omisión de sus derechos.
El representante cuestionó el incumplimiento del artículo 63 1° Q de la norma nacional, el cual exige la creación de un gabinete interdisciplinario para la contención y reparación psicológica de los deudos. En sus 11 años al frente de la asociación, jamás presenció la entrega de estos beneficios estatales; en la actualidad, son las propias ONG las que ofrecen asistencia emocional a los afectados.
Asimismo, el dirigente expuso serias falencias en la gestión de las Unidades Fiscales de Investigación (UFI) y el Poder Judicial:
- Velocidad procesal sin notificación: A diferencia de causas pasadas —como la de su hijo fallecido en 2015, cuya investigación tardó ocho años—, hoy las fiscalías inician las actuaciones en tres días, pero lo hacen a espaldas de los deudos mientras estos realizan el sepelio.
- Costo económico de la querella: Debido a que la fiscalía asume la representación del caso de oficio, el Estado niega o dificulta el patrocinio gratuito, lo que obliga a las familias a costear abogados querellantes particulares.
Casos emblemáticos y continuidad del reclamo
Chirino ilustró la problemática con expedientes de fuerte repercusión local, como los casos de Lucía Rubiño, Francisco Márquez, Jairo Malla y Celeste Archerito. En este último, a pesar de lograr la prisión para el responsable con graduación alcohólica en sangre, las autoridades no sentaron un precedente duradero en la provincia ni avanzaron en la discusión de la ley de alcoholemia.
Frente a esta situación, la entidad presentó una nota al Poder Ejecutivo a los dos días de su toma de posesión, sin obtener respuestas satisfactorias. Tras el rechazo en la Cámara de Diputados, las organizaciones ratificaron que mantendrán la presión pública e instaron a la ciudadanía a fiscalizar el comportamiento de los legisladores en el próximo ciclo electoral para evitar nuevas muertes y femicidios.
PELADO STREAM
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