30 Abr 07:40h
El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan declaró desierta la licitación para la explotación comercial del emblemático Hotel Provincial, luego de que las dos únicas empresas oferentes incumplieran los requisitos administrativos exigidos en el pliego. A pesar de que inicialmente once firmas habían mostrado interés en el proyecto, el acto de apertura de sobres realizado el 29 de abril en el Centro Cívico finalizó sin un adjudicatario.
Las propuestas fueron rechazadas de forma automática por la mesa de apertura debido a falencias documentales críticas: la primera empresa no presentó el Certificado de Cumplimiento Fiscal, mientras que la segunda omitió dicho certificado y entregó una declaración jurada incompleta. Esta situación ha postergado la reactivación de un activo estratégico que cuenta con un presupuesto oficial de $3.360 millones.
¿Y ahora qué sigue?
Ante este resultado, el Gobierno provincial informó que se realizará un nuevo llamado a licitación en el menor tiempo posible. El objetivo de la gestión de Marcelo Orrego es recuperar la operatividad del edificio, que regresó a manos del Estado en 2025, para posicionarlo bajo una categoría de «3 estrellas superior». Según el ministro Guido Romero, este nivel de excelencia es fundamental para integrar el hotel al Plan Estratégico de Turismo de la provincia.
Condiciones y exigencias para el futuro concesionario
El próximo proceso licitatorio mantendría las condiciones económicas ya establecidas:
- Canon mensual: Un monto base de $14.000.000, ajustable trimestralmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Incentivos: Se contempla una reducción del 50% en el pago del canon durante los primeros seis meses, siempre que la empresa cumpla estrictamente con el plan de obras e inversiones previsto.
- Impacto Social: El sistema de selección otorga un peso significativo (20 de 100 puntos) al «Beneficio Social del Proyecto», premiando el impacto positivo que la reactivación genere en la comunidad.
La provincia busca un operador que no solo garantice la inversión, sino que también asegure el cumplimiento de obligaciones laborales, exigiendo una «carta de pago» de salarios e indemnizaciones al finalizar el contrato para recuperar las garantías de adjudicación.
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