20 May 07:47h
El juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, dictó una medida cautelar de alcance nacional que obliga al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación a regularizar la cadena de pagos a los prestadores de personas con discapacidaden un plazo máximo de 72 horas.
El fallo judicial responde a un amparo colectivo que denuncia la interrupción de terapias y la falta de entrega de medicamentos críticos para niños y adultos mayores, fundamentando que la demora administrativa pone en riesgo el desarrollo integral y la salud de los beneficiarios.
Esta resolución judicial se produce tras las advertencias realizadas por el ministro de Salud de San Juan, Amilcar Dobladez, en una entrevista realizada el lunes 4 de mayo en el programa Pelado Stream. Durante el reportaje, Dobladez denunció que las provincias están “subsidiando a la Nación” al tener que absorber en los hospitales públicos la atención de pacientes de PAMI e Incluir Salud que el sistema nacional no contiene.
El ministro precisó que Incluir Salud mantenía deudas con instituciones de discapacidad desde octubre y que el PAMI opera con cápitas que han permanecido prácticamente congeladas, obligando a la provincia a financiar con fondos propios insumos de alto costo como diálisis y medicación oncológica.
En este contexto de tensión sanitaria, se desarrolla este miércoles la Marcha Federal por la Salud a nivel nacional, bajo el lema “La salud no puede esperar”. Gremios, trabajadores y organizaciones sociales se movilizan desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo en reclamo por un recorte denunciado de 63.000 millones de pesos en las partidas del área.
Los organizadores de la protesta advierten sobre un desfinanciamiento general del sistema, señalando que el PAMI habría perdido el 40% de su presupuesto, lo que ha provocado que uno de cada cuatro jubilados no pueda acceder a los medicamentos que necesita.
PELADO STREAM
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