16 Feb 13:34h
La Confederación General del Trabajo (CGT) dispuso un paro general para rechazar el proyecto de Ley de Modernización Laboral que recibió media sanción en el Senado. La medida de fuerza se fundamenta en la vulneración de derechos adquiridos y en el impacto negativo que las modificaciones tendrían sobre el poder adquisitivo y la estabilidad de los trabajadores.
La decisión de la CGT se confirmó este lunes feriado de Carnaval y su fecha de implementación se ajustaría al día en que la Cámara de Diputados tenga previsto el tratamiento de la polémica ley.
La central obrera cuestionó con dureza la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la nueva base de cálculo para las indemnizaciones. Los dirigentes gremiales sostuvieron que el esquema de capitalización a cargo del empleador elimina la función disuasoria del despido.
Asimismo, denunciaron que la exclusión del aguinaldo y los premios de la liquidación final representa una reducción directa en el patrimonio de los asalariados ante la ruptura del vínculo laboral.
Respecto a las condiciones de trabajo, la CGT rechazó la flexibilización de la jornada mediante el «banco de horas» y la extensión del período de prueba. El consejo directivo alertó sobre la situación de las licencias por enfermedad, donde el articulado previó quitas del 25% al 50% en los haberes de los trabajadores convalecientes. La organización calificó este punto como «inhumano» y contrario a los tratados internacionales de protección del trabajo.
La medida de fuerza apuntó además contra las restricciones al derecho de huelga. La normativa fija porcentajes de prestación mínima obligatoria de hasta el 75% en servicios esenciales y del 50% en actividades trascendentales como la minería y la bancaria. La cúpula sindical afirmó que estos pisos tornan inaplicables las medidas de acción directa, al tiempo que rechazaron la tipificación de los bloqueos como causal de despido con justa causa.
La movilización buscará presionar a la Cámara de Diputados para que no ratifique el texto enviado por el Senado. El paro cuenta con la adhesión de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), gremios del transporte y organizaciones sociales.
El Gobierno Nacional, por su parte, ratificó la aplicación del protocolo de orden público y defendió la reforma como la única vía para generar empleo genuino y reducir la informalidad laboral en el país.
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