19 Nov 08:09h

La Justicia puso en jaque a figuras clave del kirchnerismo, con el avance sobre los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, el rechazo a la prisión domiciliaria de Julio De Vido y la confirmación del procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa de los seguros.

El Tribunal Oral Federal 2 ordenó el decomiso de 20 propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner y de su socio Lázaro Báez. Esta medida se tomó en el marco de la condena de la Causa Vialidad y tiene como objetivo cubrir, junto con los bienes del resto de los condenados, un monto actualizado que asciende a los $685.000 millones.

Paralelamente, la Justicia Federal asestó otro golpe al kirchnerismo al rechazar un nuevo pedido de prisión domiciliaria para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien cumple condena por la Tragedia de Once. La decisión implica que el exfuncionario deberá continuar cumpliendo su pena en el penal.

A estos movimientos se sumó la situación del expresidente Alberto Fernández, cuyo procesamiento por la causa que investiga el fraude con los seguros durante su gestión fue confirmado. El fiscal federal Carlos Stornelli también aportó un dato de relevancia histórica al afirmar que Néstor Kirchner también habría sido imputado en el expediente del Juicio de los Cuadernos de haber estado con vida.

El decomiso de bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la Causa Vialidad, con el objetivo de ejecutar la pena de decomiso impuesta en la sentencia. El monto total actualizado que se busca incautar fue fijado en $684.990.350.139,86. El monto inicial de decomiso era considerablemente menor, pero fue actualizado luego de que la sentencia adquirió firmeza, utilizando la metodología propuesta por peritos oficiales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La medida no solo alcanza a los bienes de Cristina Kirchner, sino también a Lázaro Báez, quien perderá más de 80 propiedades y otros inmuebles vinculados a sus empresas (como Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA), y a los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, en calidad de titulares de bienes identificados que fueron transferidos durante el período investigado (mayo de 2003 y diciembre de 2015).

El Tribunal priorizó la incautación de aquellos activos en poder de los condenados y de las sociedades utilizadas en el esquema de administración fraudulenta. La Corte Suprema de Justicia se encargaría de la administración de los bienes decomisados.

Rechazo a la prisión domiciliaria de Julio De Vido

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) rechazó el pedido de prisión domiciliaria que la defensa de Julio De Vido había solicitado para que el exministro cumpliera su condena en su chacra de Puerto Panal (Zárate). De Vido, condenado a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, volvió a prisión efectiva luego de que la Corte Suprema ratificara su sentencia.

La defensa del exfuncionario había argumentado razones de salud y edad avanzada (tiene 75 años) para justificar la prisión domiciliaria. Sin embargo, los informes médicos citados en las resoluciones judiciales indicaron que, a pesar de sus dolencias crónicas (como diabetes tipo 2), su salud puede ser atendida adecuadamente dentro del ámbito penitenciario de la cárcel de Ezeiza, donde se le proveen los fármacos prescritos y un esquema alimentario especial.

La Justicia recordó que la prisión domiciliaria solo se concede en casos muy excepcionales, como enfermedad grave que ponga en riesgo la vida, y que la edad por sí sola no es suficiente para otorgarla. La defensa adelantó que llevaría su reclamo ante organismos internacionales, como la ONU, por considerar que el proceso violó garantías judiciales básicas.

El Procesamiento de Alberto Fernández por la Causa Seguros

Respecto al expresidente Alberto Fernández, se confirmó su procesamiento en la causa que investiga un presunto esquema de fraude con los seguros de dependencias públicas durante su mandato. La causa indaga sobre presuntas irregularidades en la contratación de seguros a través del Banco Nación, utilizando intermediarios vinculados a figuras cercanas al exmandatario para cobrar comisiones.

El procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la llamada Causa Seguros lo dejó al borde del juicio oral y público por presunta corrupción, al confirmarse su implicación en una maniobra de intermediación innecesaria en la contratación de pólizas estatales.

El cargo principal es el de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, en términos generales, defraudación contra la administración pública. La Cámara Federal de Comodoro Py, al ratificar la decisión de primera instancia, sostuvo que el expresidente hizo uso de su cargo para favorecer negocios privados con fondos del Estado. También se ratificó el procesamiento de su exsecretaria privada, María Cantero, y del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de Cantero y amigo personal del exmandatario.

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