11 Jun 07:58h
La adhesión de altos funcionarios, excolaboradores y familiares directos del gobierno al nuevo Régimen de Inocencia Fiscal desató una fuerte controversia política y judicial. Entre los nombres más destacados que se han acogido a este beneficio se encuentran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el economista José Luis Espert, quien fuera uno de los principales impulsores de la ley antes de quedar fuera del Congreso y del Gobierno.
El régimen permite que los contribuyentes que cumplan con los requisitos de ingresos y patrimonio queden “blindados para siempre”, ya que el Estado renuncia a controlar sus variaciones patrimoniales o consumos futuros.
Para acceder a este esquema, los interesados deben registrar ingresos anuales menores a $1.000 millones y contar con un patrimonio total que no supere los $10.000 millones. Además de los mencionados, también han solicitado su ingreso al sistema Bettina Angeletti (esposa de Adorni), el ex titular de ARCA Juan Pazo, el funcionario Andrés Vázquez e integrantes del círculo cercano a Santiago Caputo.
La normativa establece una presunción de exactitud sobre lo declarado, lo que implica que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no realizará fiscalizaciones de oficio sobre períodos alcanzados por el régimen, salvo que detecte discrepancias significativas.
Quienes se inscriben obtienen el beneficio del “tapón fiscal”, el cual impide que el fisco reabra inspecciones de ejercicios anteriores no prescriptos para determinar deudas. Según el Gobierno, este cambio de paradigma busca tratar al contribuyente como un «ciudadano de bien» que ahorró fuera del sistema por la asfixia tributaria previa.
Desde la oposición, las críticas han sido severas, calificando la ley como un “blanqueo a medida de los más ricos” y de los funcionarios con poder.
Como respuesta a estas maniobras, el diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para excluir explícitamente a los funcionarios de alto rango (desde el Presidente hasta subsecretarios), magistrados, rectores y sus cónyuges de los beneficios de la Inocencia Fiscal. Argumentan que el régimen no puede ser una vía para legitimar fondos cuyo origen sea investigado, como ocurre con el patrimonio de Adorni, actualmente bajo la lupa judicial por enriquecimiento ilícito.
A pesar de la relevancia de los funcionarios inscriptos, el avance general del programa es lento y cuenta con un nivel de adhesión acotado. Hasta fines de diciembre de 2025, el Régimen Simplificado de Ganancias registraba apenas 19.926 personas inscriptas en todo el país. Especialistas atribuyen este bajo número a que el aplicativo de ARCA no ha sido publicado en su totalidad y a que los contribuyentes pueden esperar hasta el vencimiento de sus declaraciones juradas para decidir su adhesión.
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