26 Nov 08:29h
Este miércoles habrá una reunión política de grueso calibre en la Legislatura Provincial, para evaluar la posibilidad de tratar sobre tablas la nueva Ley de Transporte en la sesión del próximo jueves.
Así lo confirmó a Pelado Stream una alta fuente legislativa. El oficialismo pretendía tratar el proyecto mucho antes, pero decidió aplazar el debate por la proximidad de las elecciones del 26 de octubre para evitar que se ‘politizara’.
Habiendo superado esa instancia electoral, el orreguismo deslizó internamente que podría introducir sobre tablas el proyecto enviado por el Ejecutivo en la sesión de este 27 de noviembre. La sola idea generó malestar y se percibió este martes en la reunión de Labor Parlamentaria, según confió una fuente que participó del cónclave.
Pero si el proyecto llega al recinto sin despacho de comisión, se anticipa un áspero debate con alta resistencia de la oposición uñaquista y giojista al menos. Por eso el oficialismo extendido se concentrará este miércoles a puertas cerradas para definir la mejor estrategia.
Puntos clave
1. Eliminación de Licencias y Registro Abierto: Se eliminará el actual sistema de licencias (cupos limitados) de taxis y remises, reemplazándolo por un sistema de registro abierto e ilimitado de prestadores.
2. Legalización de Plataformas: La ley busca regularizar plataformas digitales como Uber, Didi o Cabify, que ya operan en la provincia.
3. Igualdad de Exigencias: Los conductores de plataformas digitales deberán cumplir con los mismos requisitos que los taxistas y remiseros tradicionales, incluyendo: carnet de conducir profesional, revisiones obligatorias del vehículo, edad mínima de 21 años y un año de experiencia demostrable.
4. Beneficios para el Transporte Identificado: Se contempla otorgar beneficios fiscales (como exención de patentes) para los vehículos «identificados» (exclusivos, ploteados), generando una distinción con los servicios «particulares» (no exclusivos).
5. Fin del «Comercio de Licencias»: El objetivo es terminar con el «comercio de licencias» que concentraba la titularidad en pocas personas y generaba altos costos (alquileres, frecuencias) para los trabajadores reales.
6. Control Estatal: El Estado, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, mantendrá su rol de autoridad de aplicación, realizando inspecciones y aplicando multas o radiación de vehículos.
7. Reformas en Red Tulum: Para el transporte público, la ley prevé nuevas posibilidades de financiamiento para la renovación del parque automotor, la incorporación de líneas experimentales, y la reducción del cupo máximo de unidades por empresa del 30% al 15% para fomentar la competencia. También se añadirán nuevas modalidades de pago, como billeteras virtuales con QR y tarjetas de crédito/débito, manteniendo el uso de la tarjeta SUBE.
Principales controversias
El proyecto ha generado un duro enfrentamiento en la Legislatura entre el oficialismo y el peronismo.
• Falta de Participación: Los legisladores peronistas, como Emilio Escudero, sostienen que no permitirán el despacho porque «falta que haya más voces del sector afectado» (colectiveros, taxistas y remiseros) y exigen más claridad sobre la implementación del nuevo registro. Acusan al oficialismo de marginar a estos sectores de la discusión.
• Resistencia de Taxistas: Representantes de los trabajadores, como Víctor Bazán (de ATRARA y el Sindicato de Conductores de Taxis), aseguran que la ley no es «equitativa» y que, si bien la ministra Laura Palma dijo que buscaría la igualdad de condiciones, esto no se reflejó en el articulado. Bazán afirmó que el proyecto abre un «vacío legal» que expone a los usuarios y destruye empleos.
• Destrucción del Mercado: El sector de taxistas critica la falta de control sobre la cantidad de autos en circulación, afirmando que el exceso de vehículos distorsiona el mercado y afecta la rentabilidad. Sostienen que la ley debe fijar la cantidad máxima de móviles habilitados para que el mercado sea sostenible.
• Fuga de Capitales: Víctor Bazán también calculó que la operación de estas plataformas genera una fuga de capitales al exterior equivalente al costo anual de 11.500 viviendas en la provincia.
• Posición Oficialista: El oficialismo busca imprimir celeridad. Diputados como Enzo Cornejo (PRO) han minimizado los reclamos de la oposición, señalando que las mesas de diálogo y las reuniones en comisión ya brindaron suficiente espacio para las opiniones. La diputada Maru Lascano (Cambia San Juan) señaló que la ley busca regularizar una situación que ya existe y que el debate será interesante, aunque se dé en medio de la campaña electoral.
El proyecto de Ley fue remitido por el Poder Ejecutivo y la Asociación de Trabajadores de Transporte de Combis, Minibuses, Chárter de Pasajeros y Autos de Alquiler Temporario y Afines de la República Argentina (ATRARA) ya presentó observaciones al expediente 1849 del año 2025.
PELADO STREAM
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