22 May 08:04h
La justicia federal inició una investigación para determinar si la filtración de una serie de audios íntimos del presidente Javier Milei constituye un delito contra la seguridad de la Nación. La denuncia, presentada por el periodista Santiago Cúneo y radicada en el juzgado de Ariel Lijo, surge tras la difusión de grabaciones que, además de contenido privado, incluyen consultas sobre los protocolos de custodia oficial del mandatario durante viajes al exterior.
El escándalo estalló este jueves en Comodoro Py luego de que el programa ‘1+1=3’ viralizara el material. Si bien los audios captaron la atención pública por su vocabulario explícito y tono sexual, la gravedad institucional radica en un fragmento donde la interlocutora, identificada como Rosmery «Oscurita» Maturana, indaga sobre la seguridad presidencial. La Justicia busca esclarecer si estos archivos fueron extraídos de forma ilícita por servicios de inteligencia antes de su difusión masiva.
El perfil de la mujer involucrada Rosmery Maturana no es una figura ajena al entorno presidencial. Se desempeña como asesora de imagen de Milei desde los inicios de su carrera política, siendo la responsable de su estética «rocker». Aunque no posee un contrato estatal formal, se la considera una pieza clave en el esquema de comunicación no oficial y un nexo de extrema confianza del libertario.
Impacto en el círculo íntimo y el Gobierno La filtración también ha sacudido la vida privada del Presidente. Según trascendidos, la relación de Maturana con Milei habría generado roces previos con «Yuyito» González, quien habría encontrado mensajes comprometedores en el teléfono del mandatario cuando aún eran pareja.
Desde la Casa Rosada, el oficialismo mantiene un hermetismo absoluto, aunque califican el hecho como una «operación coordinada» para desgastar la imagen presidencial. Por su parte, el estratega Santiago Caputo reforzó esta postura en redes sociales, sugiriendo que se trata de una maniobra planificada que él mismo había advertido días atrás.
La investigación judicial ahora se centra en determinar quién se benefició con la filtración y bajo qué condiciones fueron capturados estos intercambios, en un escenario donde la línea entre la privacidad y la seguridad nacional parece haberse borrado.
PELADO STREAM
Sin comentarios