23 Dic 09:18h
Aunque sea grande la tentación de hacer algún anuncio minero de escala mundial para cerrar el año, el gobierno de Marcelo Orrego optó por moderar el optimismo este lunes en un encuentro con una decena de periodistas.
Las expectativas desmedidas pueden significar un alto riesgo de frustración con su consecuente costo político. No lo dijeron con esas palabras, pero el mensaje quedó más que claro.
Los portavoces fueron, lógicamente, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y el de Producción, Gustavo Fernández. Los dos tuvieron un rol protagónico en el lobby que se materializó con el proyecto para retocar la Ley de Glaciares.
Si todo sale de acuerdo a lo previsto, la iniciativa se tratará en el Senado en febrero en sesión extraordinaria. Luego irá a Diputados.
El gobierno sanjuanino quedó como el principal impulsor de esta adecuación que restituye a la provincia su autonomía en el manejo de los recursos naturales, derecho consagrado en la Constitución Nacional. Perea fue enfático: nadie pretende destrozar los glaciares y nadie está mejor capacitado que un sanjuanino para cuidar sus reservas de agua.
El debate recién empieza y es de esperar que haya una fuerte resistencia de sectores antimineros en Buenos Aires. Esta vez parece haber consenso político suficiente como no lo hubo durante los gobiernos de Alberto Fernández, Mauricio Macri ni Cristina Fernández de Kirchner, para avanzar en esta modificación aclaratoria largamente esperada por las mineras.
Así como está la redacción vigente, toda inversión en la alta montaña sería vulnerable a que un recurso judicial paralice la actividad por tiempo indefinido. Según el gobierno provincial, la vaguedad de la definición de ‘glaciar de roca’ es la clave.
Que los proyectos mundiales de cobre con asiento en San Juan tengan mayor precisión sobre la Ley de Glaciares -el día que la tengan- será condición necesaria para avanzar con las inversiones. Pero no será condición suficiente. Hay una cantidad de otras variables en juego. Y de eso también se habló este lunes por la tarde.
Por ejemplo, las condiciones fiscales ya resueltas con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, o RIGI. Pero también está la cuestión monetaria: el gobierno de Javier Milei eliminó el cepo, que era el otro gran impedimento para avanzar.
Falta más. Las empresas tienen que conseguir el financiamiento para hacer la inversión inicial. De todas, solo Vicuña tiene el fondeo propio suficiente. El resto, tiene que salir a la pesca en los mercados internacionales. Nadie les pondrá un dólar si no tienen todas las otras variables absolutamente cerradas.
Cuando el marco normativo, a través de la Ley de Glaciares, y el marco fiscal, a través del RIGI, parecen alinearse, falta otra gran pata: la infraestructura energética y vial.
Así como están las redes eléctricas en San Juan, sería inviable poner en funcionamiento una mina de cobre. Muchísimo menos sería viable poner en marcha dos o tres o cuatro, del calibre que tienen Vicuña, Los Azules o Altar, por citar algunas al voleo.
El gobierno tiene en carpeta una serie de opciones para avanzar con el tendido eléctrico que permita ampliar la capacidad de producción de San Juan. Aparentemente la salida sería público-privada. El diseño es urgente. El corsé energético es infranqueable.
Con respecto a la infraestructura vial, el traspié de Hualilan fue indicativo de lo que puede pasar cuando los enormes camiones cargados con concentrado de cobre intenten pasar cerca de Villa Calingasta, de Rodeo o incluso de Jáchal. Las empresas tendrán que proponer soluciones para mitigar el impacto. Pero al mismo tiempo, las empresas le vienen reclamando al gobierno que invierta. Y la respuesta de Milei siempre fue la misma: ‘No hay plata’.
A todo esto hay que sumarle la presión de los pequeños proveedores de bienes y prestadores de servicios, a quienes les prometieron una ley que este año no estará. Y cuando esté, esa ley no les garantizará exclusividad ni mucho menos. Tendrán que salir a competir. Tendrán capacitación previa para ponerse a tono, para poder desarrollarse. Pero llegada la hora, habrá libertad. Porque son los vientos que soplan desde Buenos Aires.
Ya nadie discute que San Juan es la capital de la minería argentina. Pero parece saludable moderar las expectativas. No dejarse caer en la tentación.
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